Proyecto de ley busca crear régimen especial de uso de la fuerza para Gendarmería ante avance del crimen organizado en cárceles

Una moción patrocinada por los senadores Karim Bianchi, Iván Flores, Gastón Saavedra y Matías Walker, junto a la senadora Paulina Núñez, propone regular el uso de la fuerza por parte de Gendarmería de Chile, considerando su reciente incorporación a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Los parlamentarios sostienen que “la función penitenciaria se desarrolla en un contexto de encierro” y, por tanto, “no puede ser regulada de manera idéntica a la función policial preventiva o de control del orden público”.

El proyecto señala que el sistema penitenciario chileno enfrenta actualmente un “cambio estructural en materia de seguridad pública”, marcado por el avance del crimen organizado, el aumento sostenido de la población penal y la creciente complejidad de los riesgos intramuros. En ese escenario, se afirma que las cárceles han dejado de ser espacios exclusivamente destinados al cumplimiento de penas para transformarse en “un componente crítico del sistema de seguridad del Estado”.

La iniciativa recuerda además que el Congreso Nacional despachó recientemente una reforma constitucional que incorpora a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, lo que implica “un cambio sustantivo en el régimen jurídico aplicable a su personal”, particularmente en materias relativas al uso de la fuerza, reglas de actuación y estatuto de protección de los funcionarios penitenciarios.

En sus fundamentos, los autores sostienen que las reglas generales sobre uso de la fuerza actualmente en discusión legislativa resultan “insuficientes y potencialmente inadecuadas” para el ámbito penitenciario, debido a las características propias de los recintos penales. Explican que las policías actúan “frente a ciudadanos en libertad, en espacios abiertos y bajo lógica de intervención puntual”, mientras que Gendarmería ejerce “un control permanente, continuo y directo sobre personas privadas de libertad, en un entorno cerrado”.

El proyecto advierte además sobre la creciente presencia de organizaciones criminales al interior de las cárceles y señala que, en diversos países de la región, estas estructuras “han surgido o se han fortalecido precisamente desde el interior de las cárceles, fenómeno del que Chile no ha estado ajeno”. A juicio de los parlamentarios, ello ha elevado “significativamente los estándares de riesgo para el personal penitenciario y para la seguridad del sistema en su conjunto”.

La propuesta establece principios rectores para el uso de la fuerza, entre ellos, legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad, racionalidad y protección de la vida. Asimismo, regula expresamente el empleo de fuerza física, medios de sujeción, fuerza menos letal y fuerza letal, contemplando situaciones específicas como motines, fugas, rescates, tomas de rehenes, allanamientos penitenciarios y procedimientos de alta complejidad vinculados al crimen organizado.

En particular, el texto dispone que la fuerza letal solo podrá utilizarse cuando sea “estrictamente necesaria” para repeler agresiones capaces de causar la muerte o lesiones graves, impedir fugas o rescates que representen un peligro grave, enfrentar ataques armados o neutralizar amenazas potencialmente letales dentro del sistema penitenciario.

La moción incorpora además normas especiales para establecimientos de alta complejidad o seguridad especial, permitiendo adoptar medidas reforzadas de control, custodia, inmovilización preventiva y restricción de desplazamientos cuando existan antecedentes vinculados a criminalidad organizada, terrorismo, riesgo de fuga o coordinación delictual desde las cárceles.

Asimismo, se regulan obligaciones de registro y control posterior respecto del uso de la fuerza, atención médica para personas lesionadas y prohibiciones expresas, como utilizar la fuerza como castigo o represalia, mantener medios de sujeción más allá del tiempo estrictamente necesario u omitir deliberadamente atención médica.

Finalmente, el proyecto sostiene que esta regulación constituye “una pieza necesaria para dar coherencia al nuevo estatuto constitucional de Gendarmería de Chile”, fortaleciendo la capacidad del Estado para ejercer el control penitenciario, proteger al personal y resguardar la seguridad pública.

Vea texto moción Boletín N°18.238-25 y siga su tramitación aquí.