Proyecto busca que la autenticación bancaria reforzada no excluya a adultos mayores, personas con discapacidad y habitantes de zonas aisladas

Ingresó al Senado un proyecto de ley, iniciado en moción por los senadores María José Gatica, Carlos Kuschel, Gastón Saavedra y Matías Walker, que modifica la Ley N°20.009 con el objeto de promover la aplicación de criterios de accesibilidad e inclusión financiera en los procedimientos de autenticación de usuarios en transacciones electrónicas.

La iniciativa, correspondiente al Boletín N°18.441-03, propone incorporar un nuevo inciso al artículo 4 de la Ley N°20.009, norma que regula el régimen de limitación de responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en casos de extravío, hurto, robo o fraude. Su finalidad es proteger a las personas frente al uso indebido de sus medios de pago, resguardar la seguridad de las operaciones electrónicas y fortalecer la confianza en el sistema financiero.

El proyecto recuerda que la Ley N°21.673 modificó la Ley N°20.009 y entregó a la Comisión para el Mercado Financiero la facultad de establecer, mediante norma de carácter general, estándares mínimos de seguridad, registro y autenticación, así como los supuestos de uso y transacciones en que resulta obligatorio para los emisores implementar mecanismos de autenticación reforzada.

En cumplimiento de ese mandato, la Comisión para el Mercado Financiero dictó, el 17 de junio de 2025, la Norma de Carácter General N°538, sobre medidas de seguridad y autenticación de operaciones sometidas a la Ley N°20.009. Dicha normativa estableció estándares mínimos aplicables a emisores de medios de pago y prestadores de servicios financieros, reguló la autenticación reforzada de clientes y determinó los casos en que esta debe ser obligatoria, especialmente en transferencias electrónicas de fondos y en procesos de incorporación o modificación de antecedentes en plataformas digitales.

La moción reconoce que la autenticación reforzada cumple una finalidad necesaria, ya que permite prevenir fraudes, disminuir riesgos de suplantación de identidad y entregar mayor seguridad a las transacciones electrónicas. Sin embargo, advierte que su implementación práctica ha evidenciado una dificultad que debe ser abordada por la ley, pues el avance hacia sistemas cada vez más digitales, basados en aplicaciones móviles, dispositivos inteligentes, claves dinámicas, mensajes de validación o conexión a internet, “no afecta de la misma forma a todos los usuarios”.

El texto sostiene que, en sectores rurales, aislados o con conectividad deficiente, la exigencia de validar operaciones a través de determinados canales digitales puede convertirse en una barrera real para acceder a servicios financieros básicos. La misma dificultad se presenta respecto de personas mayores, personas con discapacidad, usuarios con menor alfabetización digital o personas que no cuentan con dispositivos compatibles. En esos casos, señala la iniciativa, el problema no está en exigir mayor seguridad, sino en que dicha seguridad se diseñe bajo el supuesto de que todos los usuarios tienen las mismas condiciones materiales y tecnológicas para cumplirla.

Los autores de la moción enfatizan que los medios de pago y las transacciones electrónicas ya no constituyen un servicio accesorio, pues a través de ellos se reciben remuneraciones, pensiones, subsidios y beneficios sociales; se pagan cuentas; se realizan transferencias familiares; se adquieren bienes esenciales y se participa en la economía formal. Por ello, cuando un mecanismo de autenticación impide o dificulta de manera desproporcionada que determinados usuarios accedan a sus propios recursos, el problema deja de ser meramente tecnológico y pasa a ser un asunto de inclusión financiera, accesibilidad y equidad territorial.

La iniciativa también menciona que la propia evolución normativa reciente demuestra que esta preocupación es real, ya que, con posterioridad a la dictación de la Norma de Carácter General N°538, la Comisión para el Mercado Financiero debió introducir ajustes y revisar su implementación, precisamente ante las dificultades que podían enfrentar ciertos grupos de clientes para adaptarse a los nuevos mecanismos de autenticación. A juicio de los parlamentarios, ello confirma que la seguridad financiera debe ser compatible con la continuidad del servicio y con el acceso efectivo de todos los usuarios, especialmente de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad digital o territorial.

El proyecto busca establecer como regla general que las modalidades de autenticación reforzada puedan considerar criterios de accesibilidad, continuidad e inclusión financiera, especialmente respecto de personas mayores, personas con discapacidad, habitantes de zonas rurales o aisladas y usuarios que enfrentan dificultades de conectividad para el uso de determinados canales digitales. La moción aclara que la propuesta no elimina la autenticación reforzada, no rebaja los estándares de seguridad ni impone un mecanismo técnico específico a la autoridad o a las instituciones financieras.

En esa línea, el texto plantea que la modernización tecnológica del sistema financiero debe avanzar sin excluir a quienes tienen menos acceso a la tecnología. “Una persona que vive en una zona rural sin conectividad suficiente no puede quedar impedida de transferir, pagar o acceder a sus fondos por no poder validar una operación mediante una aplicación”, sostiene la moción. Agrega que una persona mayor o con discapacidad no debe verse obligada a depender de terceros para efectuar actos financieros personales, por los riesgos de abuso, fraude o pérdida de autonomía que ello implica. Del mismo modo, advierte que un habitante de una localidad aislada no debe recibir, en los hechos, un trato más gravoso que quien vive en una zona urbana con conexión permanente y acceso inmediato a servicios bancarios.

En concreto, el proyecto propone incorporar al artículo 4 de la Ley N°20.009 un nuevo inciso para establecer que “la autenticación reforzada podrá contemplar modalidades que permitan compatibilizar la seguridad de las operaciones con el acceso efectivo a los medios de pago y transacciones electrónicas regulados por esta ley”. Para esos efectos, se procurará considerar criterios de accesibilidad, continuidad e inclusión financiera de los usuarios, especialmente respecto de personas mayores, personas con discapacidad, habitantes de zonas rurales o aisladas y personas que enfrenten dificultades de conectividad para el uso de determinados canales digitales.

Con ello, la iniciativa busca asegurar que la prevención del fraude y la protección de los usuarios se desarrollen de manera compatible con la inclusión financiera. Según concluye la moción, la ley debe entregar una señal clara: “más seguridad sí, pero con accesibilidad, continuidad y acceso efectivo para todos los usuarios del sistema financiero”.

Vea texto de mociónBoletín N° 18441-03 y siga su tramitaciónaquí.