Proyecto busca inhabilitar a formalizados por delitos sexuales para trabajar con menores.

La moción, patrocinada por la exsenadora Allende busca establecer una nueva medida cautelar personal consistente en la inhabilitación temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

Expone que lamentables y numerosos casos de abuso sexual de niños y niñas por parte de docentes en establecimientos educacionales han evidenciado la necesidad de fortalecer la seguridad de los menores a nivel nacional. Pues si bien existe actualmente un Registro de Inhabilidades para Condenados por Delitos Sexuales contra Menores, este solo incluye a personas condenadas y cuya pena de inhabilitación haya sido impuesta por sentencia ejecutoriada. No contempla medidas cautelares para personas formalizadas.

Esto ha llevado a que una persona formalizada por delitos de esta naturaleza pueda seguir ejerciendo su profesión u oficio en otros establecimientos educacionales, sin que las autoridades responsables del cuidado de los niños dispongan de información que les permita protegerlos. Aunque los jueces pueden adoptar medidas cautelares personales como la prisión preventiva o prohibiciones de acercamiento, estas se aplican cuando son indispensables para asegurar los fines del procedimiento, y no siempre garantizan una prohibición de acercamiento amplia a todo lugar con menores o priorizan la seguridad de la sociedad durante la investigación. Por lo tanto, se observa el riesgo de que un formalizado se traslade a otro establecimiento u ocupación que implique contacto con niños, exponiendo a otros menores a riesgo.