Proponen test de drogas obligatorio para parlamentarios

La moción de la senadora Sepúlveda y del senador Velásquez, busca modificar la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para establecer la obligación de parlamentarias y parlamentarios de someterse de forma periódica y obligatoria a test de detección de drogas y sustancias psicotrópicas ilegales, salvo que acrediten consumo por razones médicas, con procedimientos definidos por cada corporación.

La iniciativa se funda en que, pese a que en algunos cuerpos normativos internos —como el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados— ya existen procedimientos aleatorios de control de drogas para esos parlamentarios, no existe un mandato legal general para todo el Congreso Nacional ni un mecanismo que equipare estos estándares de transparencia y probidad a los de otras autoridades públicas.

Asimismo, ya que se advierte que en otras esferas del Estado —como la administración pública general y el Poder Judicial— existen normas o procedimientos que establecen obligaciones o controles en esta materia.

En ese contexto, la propuesta introduce un artículo 11 bis en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, estableciendo que las y los parlamentarios deberán someterse obligatoriamente a test de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilegales, excepto cuando justifiquen su consumo por un tratamiento médico debidamente acreditado. Cada cámara del Congreso deberá reglamentar el procedimiento de control aplicable, así como la oportunidad de realización de los exámenes.

El proyecto enfatiza que la información resultante de estos test deberá mantenerse en forma reservada y con respeto por la dignidad e intimidad de las personas, observando las normas sobre protección de datos de carácter personal, y que solo será admisible como prueba de dependencia una certificación médica basada en los resultados de los exámenes correspondientes.

Los senadores sostienen que la iniciativa busca elevar los estándares de probidad, transparencia y responsabilidad de quienes ejercen funciones legislativas, aportando mayores garantías a la ciudadanía respecto al comportamiento ético de sus representantes.

El proyecto de ley, que cumple su primer trámite constitucional, pasó para su estudio y posterior informe a la Sala del Senado, a su Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

Vea texto moción Boletín N° 17.980-06 y siga su tramitación aquí.