Iniciativa prorroga plazos de regularización en seguridad privada para evitar crisis operativa en el sector

El Presidente de la República, José Antonio Kast, ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley que modifica la Ley N°21.659 sobre Seguridad Privada, con el objeto de ampliar los plazos para presentar estudios de seguridad y renovar autorizaciones del personal del rubro, ante el riesgo de una eventual crisis operativa y administrativa en la industria.

El mensaje presidencial, suscrito además por la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, propone extender desde seis meses a un año los plazos establecidos en los artículos transitorios de la ley, fijando como nueva fecha límite el 28 de noviembre de 2026.

La iniciativa señala que la Ley Marco de Seguridad Privada, contenida en la Ley N°21.659, publicada el 21 de marzo de 2024 estableció una regulación integral del sector, considerando su rol en la prevención del delito y protección de personas e infraestructura crítica. Posteriormente, durante 2024 se dictaron los reglamentos sobre eventos masivos y seguridad privada, iniciándose la vigencia efectiva del nuevo sistema el 28 de noviembre de 2025.

A partir de esa fecha comenzaron a correr los plazos legales para que empresas obligadas presentaran nuevos estudios de seguridad ajustados a la normativa vigente y para que el personal de seguridad privada renovara sus respectivas autorizaciones bajo el nuevo régimen.

El Ejecutivo advierte que, a menos de un mes del vencimiento del plazo originalmente fijado para el 28 de mayo de 2026, solo dos entidades obligadas habían presentado sus estudios de seguridad y ninguna persona había logrado obtener las nuevas autorizaciones exigidas por el sistema.

Según expone el mensaje, actualmente existen 393 entidades obligadas a presentar estudios de seguridad y más de 3.600 sucursales que deben contar con planes específicos, conforme a las exigencias del reglamento. Sin embargo, el bajo nivel de cumplimiento genera el riesgo de que numerosas entidades queden en situación de infracción legal o que estudios deficientes terminen aprobándose automáticamente por el solo transcurso del tiempo.

El documento señala que el artículo 15 de la ley establece que, si la Subsecretaría de Prevención del Delito no se pronuncia dentro de sesenta días sobre los estudios presentados, estos se entenderán aprobados en los términos propuestos por la entidad obligada. Según el Ejecutivo, la capacidad actual de revisión de la autoridad hace necesario ampliar los plazos para evitar aprobaciones automáticas de instrumentos deficientes.

En paralelo, el Gobierno expone una situación crítica respecto de la renovación de autorizaciones del personal de seguridad privada. De acuerdo con antecedentes de la División de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública, más de 220 mil personas se desempeñan actualmente en el sector. De ellas, 35.340 enfrentan el vencimiento de sus autorizaciones el próximo 28 de mayo de 2026.

El mensaje detalla que 31.686 corresponden a guardias de seguridad y cerca de 1.900 a conserjes, entre otros trabajadores que requieren capacitación y evaluación obligatoria para obtener sus nuevas autorizaciones. Sin embargo, hasta ahora solo 9.132 personas han sido capacitadas y apenas 2.688 han podido rendir los exámenes correspondientes ante la autoridad fiscalizadora.

El Ejecutivo sostiene que las nuevas exigencias legales y reglamentarias implicaron la necesidad de adaptar rápidamente programas de capacitación y cumplir requisitos académicos difíciles de implementar en plazos reducidos, situación que se ha visto agravada por la falta de recursos y personal suficiente para realizar evaluaciones masivas, especialmente por parte de Carabineros de Chile.

En ese contexto, el Gobierno advierte que la falta de prórroga podría generar desvinculaciones masivas de trabajadores que quedarían inhabilitados para ejercer funciones de seguridad privada, una disminución considerable del personal disponible para prestar servicios y un eventual aumento de la informalidad en el sector.

Por ello, la iniciativa propone modificar los artículos transitorios segundo y tercero de la ley para reemplazar los actuales plazos de seis meses por un año contado desde la entrada en vigencia de la normativa. Asimismo, incorpora una regla excepcional que establece que, respecto de los estudios de seguridad presentados dentro del plazo prorrogado, la Subsecretaría de Prevención del Delito dispondrá de hasta 90 días hábiles para pronunciarse sobre ellos, sin operar la aprobación automática contemplada actualmente en la ley.

El Ejecutivo fundamenta además la extensión de los plazos en la necesidad de permitir que la Subsecretaría implemente adecuadamente la plataforma informática y el Registro de Seguridad Privada contemplados en la Ley N°21.659, herramientas que deberán estar plenamente operativas al 28 de noviembre de 2026.

Finalmente, el Informe Financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos concluye que el proyecto no irrogará un mayor gasto fiscal, atendida la naturaleza normativa de las modificaciones propuestas.

Vea texto moción Boletín N°18232-25 y siga su tramitación aquí.