Iniciativa propone obligar a diputados y senadores a someterse a test de drogas con resultados públicos

Una reforma constitucional ingresada al Senado propone modificar la Carta Fundamental, con el objeto de establecer la exigencia para senadores y diputados de someterse a un examen para detectar el consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas.

La iniciativa presentada por la senadora Daniella Cicardini plantea que las crecientes exigencias ciudadanas en materia de transparencia, probidad e integridad pública hacen necesario elevar los estándares aplicables a quienes ejercen funciones de alta responsabilidad institucional.

El proyecto sostiene que la exigencia de controles de drogas para autoridades públicas “no es antojadiza”, sino que se vincula directamente con principios constitucionales y legales que rigen el ejercicio de la función pública, particularmente el principio de probidad contemplado en el artículo 8° de la Constitución.

Según expone la moción, el contexto actual marcado por la expansión del narcotráfico y redes de corrupción vinculadas al crimen organizado obliga a adoptar medidas más estrictas para garantizar que quienes ejercen cargos de poder y representación pública no mantengan vínculos con consumo de sustancias ilícitas.

La iniciativa señala que la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, define el principio de probidad como la observancia de “una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”, agregando que su incumplimiento acarrea responsabilidades y sanciones legales.

El texto también destaca que el actual artículo 55 bis de dicha normativa ya establece una inhabilidad para desempeñar cargos como subsecretario, jefe superior de servicio o directivo superior de la Administración del Estado respecto de personas con dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, salvo justificación médica. Asimismo, exige una declaración jurada para acreditar no encontrarse afecto a dicha causal.

La moción incorpora además antecedentes relativos al reglamento interno aprobado por la Cámara de Diputados en 2022, el cual regula la prevención del consumo indebido de drogas y establece controles periódicos y aleatorios respecto de diputados en ejercicio, con resultados públicos y resguardos destinados a proteger la dignidad, imparcialidad y confiabilidad del procedimiento.

En esa línea, el proyecto indica que la Ley N°21.806, de febrero de 2026, relativa al reajuste general de remuneraciones del sector público, incorporó en su artículo 110 la obligación para ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio de someterse a exámenes de consumo de drogas al asumir sus cargos y posteriormente al menos dos veces al año.

Dicha normativa establece además que los exámenes deberán realizarse mediante muestras biológicas de pelo y que sus resultados tendrán carácter público.

Sin embargo, la iniciativa advierte que actualmente persiste un “vacío legal”, puesto que esa obligación no rige para parlamentarios, pese a tratarse también de altas autoridades del Estado.

Por ello, la reforma propone incorporar un nuevo artículo 62 bis a la Constitución Política de la República, estableciendo que senadores y diputados deberán someterse a un examen de detección de drogas al asumir sus funciones y repetirlo al menos dos veces durante el período legislativo.

El texto dispone además que dichos controles deberán realizarse mediante muestras biológicas de pelo y que los resultados serán públicos.

La moción sostiene finalmente que el objetivo es reforzar estándares de transparencia, integridad y probidad en el ejercicio parlamentario, asegurando mayores niveles de confianza pública respecto de quienes desempeñan cargos de representación popular.

Vea texto moción Boletín N°18195-07 y siga su tramitación aquí