Gobierno impulsa reforma integral para fortalecer la participación ciudadana en Chile

El proyecto de ley, iniciado por Mensaje del Presidente de la República, Gabriel Boric, que lleva la firma de la Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, busca modificar la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y otros cuerpos normativos que indica

La iniciativa, que busca modernizar y fortalecer la participación ciudadana en la gestión pública, surge tras un extenso proceso de diálogo nacional y busca abordar las deficiencias identificadas en los 13 años desde la promulgación de la ley original, expone el Mensaje.

El proyecto parte de la premisa de que «la democracia se construye colectivamente» y que la participación ciudadana es «indispensable para la cohesión social, la justicia y la gobernabilidad democrática». Propone avanzar hacia un modelo de mayor democracia participativa, donde las personas y organizaciones tengan un rol más incidente y deliberativo en los asuntos públicos.

La Ley 20.500, promulgada en 2011, estableció principios y mecanismos importantes como los planes de participación, cuentas públicas participativas, consultas y consejos de la sociedad civil. Sin embargo, diversos estudios han revelado desafíos pendientes en su implementación, incluyendo: Marcos normativos disímiles entre instituciones, falta de recursos y capacidades técnicas, escasa evaluación de resultados, baja incidencia en decisiones relevantes, participación fragmentada y centrada en sectores más organizados, débil fiscalización del cumplimiento y limitada inclusión de grupos históricamente excluidos.

Para abordar estas problemáticas, se expone en el Mensaje que el Ministerio Secretaría General de Gobierno llevó a cabo un proceso de diálogo nacional denominado «Hablemos de Participación», el que involucró a más de 6.600 personas en todo el país, incluyendo dirigentes sociales, funcionarios municipales, consejos de la sociedad civil, voluntarios, expertos y ciudadanía en general.

Los resultados de este diálogo, complementados por el trabajo de una mesa interinstitucional, han nutrido el proyecto de ley que se presenta para abordar las deficiencias identificadas y promover una participación ciudadana más efectiva e inclusiva en la gestión pública chilena.

El Gobierno espera que esta reforma fortalezca la formación y renovación de liderazgos sociales, promueva la asociatividad y contribuya a una democracia más robusta y participativa en Chile.

El proyecto de ley se fundamenta en seis pilares principales:

Reconocimiento de la participación ciudadana como un derecho: Se busca establecer una arquitectura normativa, institucional y operativa coherente para garantizar este derecho.

Mejora de los mecanismos existentes: Se fortalecen y densifican normativamente los mecanismos de participación ciudadana, como las cuentas públicas participativas, los consejos de la sociedad civil (COSOC) y las consultas ciudadanas. Además, se introduce un nuevo mecanismo: los diálogos participativos.

Fortalecimiento de la institucionalidad: Se propone un entramado institucional con reglas claras y uniformes para los órganos de la Administración del Estado.

Equidad territorial y enfoque inclusivo: Se establece una arquitectura normativa flexible que permite adaptar los mecanismos participativos a la diversidad territorial, cultural y social del país.

Mayor fiscalización y rendición de cuentas: Se introducen nuevas obligaciones para los órganos estatales, como la elaboración anual de un plan de participación ciudadana y el refuerzo de los deberes de transparencia.

Modernización de los consejos del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público: Se actualizan las reglas de integración y funcionamiento para hacerlos más democráticos, paritarios y descentralizados.

El proyecto consta de cinco artículos permanentes y cuatro disposiciones transitorias y alcanza una serie de modificaciones clave:

Se incorporan nuevos artículos a la Ley 20.500, estableciendo principios rectores de la participación y definiendo conceptos fundamentales como sociedad civil y organizaciones de interés público.

Se fortalece el Catastro de Organizaciones de Interés Público y se modifican los Consejos Nacional y Regionales del Fondo de Fortalecimiento, incorporando criterios de paridad y descentralización.

Se introducen cambios en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, estableciendo que un reglamento del Ministerio Secretaría General de Gobierno regulará los mecanismos de participación ciudadana.

Se reforman las cuentas públicas participativas, incluyendo la opinión de los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), y se consagran legalmente los diálogos participativos como nuevo mecanismo de participación.

Se modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, fortaleciendo los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil y promoviendo la capacitación de funcionarios en mecanismos de participación.

Se otorga al Ministerio Secretaría General de Gobierno un rol central en el diseño y coordinación de políticas de participación ciudadana, incluyendo el seguimiento de planes y la elaboración de informes anuales.

De aprobarse la iniciativa entrará en vigencia 12 meses después de su publicación, dando tiempo a los órganos estatales para ajustarse a las nuevas disposiciones.

El proyecto de ley, que cumple su primer trámite constitucional, pasó para su estudio a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Vea texto del Mensaje Boletín Nº 17797-06 y siga su tramitación aquí.