Kaminski es indagado en causa por lavado de activos: Fiscalía lo mantiene como sujeto de interés tras allanamiento

En el marco de una investigación penal dirigida por la Fiscalía Metropolitana Sur, el comunicador Francisco Kaminski se mantiene como sujeto de interés en una causa por lavado de activos, tras un operativo masivo de la Policía de Investigaciones (PDI) que incluyó allanamientos simultáneos en diversas regiones del país.

Las diligencias se desarrollan en el contexto de la denominada “Operación Rey David”, investigación que busca desarticular una organización criminal dedicada, entre otros ilícitos, a la estafa reiterada, falsificación de instrumento público y lavado de activos, mediante la utilización de empresas de fachada vinculadas al comercio de vehículos.

Durante el procedimiento, funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de la PDI ingresan al domicilio del comunicador en la comuna de Las Condes, en virtud de una orden judicial de entrada y registro, instancia en la que se incauta una sustancia ilícita, lo que da lugar a su detención por una eventual infracción a la Ley N°20.000.

No obstante, el imputado es posteriormente dejado en libertad, al establecerse preliminarmente que la droga encontrada correspondía a consumo personal, quedando apercibido y a la espera de citación por parte del Ministerio Público.

Desde el punto de vista procesal, el comunicador no registra, hasta ahora, formalización en su contra por los delitos investigados en la causa principal, manteniendo la calidad de sujeto de interés dentro de la investigación penal, lo que implica que la Fiscalía continúa recabando antecedentes para determinar su eventual participación en la estructura investigada.

La indagatoria se enmarca en una investigación de mayor envergadura que involucra a más de una veintena de personas y que ha permitido la incautación de vehículos y la identificación de operaciones financieras presuntamente destinadas a dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito.

Asimismo, la causa contempla aristas vinculadas a criminalidad organizada, lo que podría implicar la aplicación de figuras penales asociadas a lavado de activos y asociación ilícita, dependiendo del grado de participación que se logre acreditar respecto de los distintos investigados.

Conforme avance la investigación, la Fiscalía deberá definir si los antecedentes permiten atribuir responsabilidad penal al comunicador o si su intervención se limita a un vínculo incidental dentro de la estructura investigada.