Escándalo eléctrico en Chile: cobros indebidos y responsabilidades legales

El ministro de Energía y Economía, Álvaro García, acusó que algunos actores políticos “inflaron el escándalo”, asegurando que los cobros en exceso no fueron significativos ni impactaron la inflación. Sin embargo, desde el Congreso señalaron que lo relevante no es el debate político, sino devolver el dinero a las familias afectadas y establecer las responsabilidades correspondientes.

Desde el punto de vista jurídico, se trata de un cobro indebido, y tanto la Ley del Consumidor (N° 19.496) como la Ley General de Servicios Eléctricos establecen que las empresas deben restituir los montos cobrados en exceso, con reajustes e intereses. La devolución debe realizarse de manera automática, sin que los usuarios deban presentar reclamos. Si eso no ocurre, los afectados pueden denunciar ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que tiene la obligación de fiscalizar y sancionar a las empresas responsables.

El error se habría originado en los cálculos realizados por el Coordinador Eléctrico Nacional, organismo encargado de aplicar la metodología tarifaria fijada por la Comisión Nacional de Energía (CNE). En simple: la CNE fija las reglas, pero el Coordinador aplicó mal los cálculos, generando los cobros indebidos.

La Fiscalía Nacional Económica y la Contraloría General de la República pueden investigar si hubo negligencia administrativa o incumplimiento de deberes públicos. Paralelamente, el Congreso impulsa una ley corta que busca garantizar tres cosas:

• Devolución total e inmediata del dinero cobrado en exceso.

• Sanciones más severas para las empresas y organismos responsables.

• Mayor transparencia en el cálculo y revisión de las tarifas eléctricas.

Por lo pronto, en la Cámara de Diputados se tramita una acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow, quien habría tenido conocimiento de los errores con meses de anticipación de que se hiciera público. Se dice que en la Cámara la acusación constitucional podría ser aprobada y si ello ocurre, le correspondería al Senado actuando como Tribunal y resolviendo como jurado si aprueba la acusación. Si así ocurriera, quedará inhabilitado por un plazo de cinco años para ejercer funciones públicas.

Las empresas distribuidoras de electricidad deben realizar la devolución, mientras el Coordinador Eléctrico y la CNE deberán responder por los errores técnicos. La SEC supervisará que la devolución se cumpla correctamente y dentro de los plazos establecidos.

Más allá del cruce político, este caso deja en evidencia la importancia de la protección al consumidor. Las familias tienen derecho a saber cómo se calculan sus cuentas y a recibir de vuelta cada peso cobrado de más. La ley es clara: si se cobra en exceso, se debe devolver, con transparencia, reajuste e intereses. Y ahora, el desafío es que los responsables —tanto públicos como privados— respondan ante la justicia y ante la ciudadanía.