Decretan prisión preventiva para Joaquín Lavín León por fraude al Fisco y delitos asociados

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del exdiputado Joaquín Lavín León, tras su formalización por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias.

La resolución también alcanzó a su exasesor, Arnaldo Domínguez, respecto de quien el tribunal igualmente estimó concurrentes los presupuestos para imponer la medida cautelar más gravosa. En ambos casos, se fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que el imputado habría implementado un mecanismo sostenido en el tiempo para rendir facturas ideológicamente falsas ante organismos públicos, con el objeto de justificar gastos inexistentes o ajenos a la función parlamentaria. Según la Fiscalía, los hechos se habrían extendido por varios años, configurando un esquema reiterado orientado a obtener reembolsos indebidos mediante documentación irregular.

En esa línea, se expuso que parte de los servicios rendidos corresponderían a prestaciones que no se habrían ejecutado efectivamente, lo que da cuenta de un sistema de utilización de proveedores y documentación que habría permitido sustentar gastos improcedentes con cargo a fondos públicos.

Asimismo, la Fiscalía indicó que parte de los recursos obtenidos habría sido destinada a fines distintos de los autorizados, incluyendo actividades con proyección política, lo que forma parte de las diligencias actualmente en curso.

Por su parte, el tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado y de los querellantes, concluyendo que la libertad de los imputados constituye “un peligro para la seguridad de la sociedad”, considerando la gravedad de los delitos, su carácter reiterado, la extensión temporal de los hechos y la entidad de los recursos involucrados.

La defensa, en tanto, cuestionó la calificación jurídica de los hechos y la necesidad de la prisión preventiva, sosteniendo que los antecedentes no configuran delito y que existirían medidas cautelares menos intensas suficientes para asegurar los fines del procedimiento.

Con todo, el tribunal estimó que la medida cautelar resulta necesaria y proporcional, especialmente en atención a la naturaleza de los ilícitos investigados y al estado de la investigación.