Corte Suprema rebaja indemnización por daño moral fijada por Corte de Talca

La Corte Suprema acogió un recurso de casación en la forma interpuesto por el Fisco de Chile y anuló la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Talca que había aumentado de $3 millones a $50 millones la indemnización por daño moral concedida al actor, en el marco de una demanda de responsabilidad del Estado por hechos ocurridos durante la dictadura. En sentencia de reemplazo, el máximo Tribunal confirmó con declaración el fallo de primera instancia y elevó el monto indemnizatorio a $5 millones.

El caso se originó ante del Cuarto Juzgado Civil de Talca, que por acogió la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral deducida por el actor en contra del Fisco, condenándolo al pago de $3 millones. Apelada dicha decisión, la Corte de Talca la confirmó, pero con declaración que aumentó la indemnización a $50 millones. Contra este último pronunciamiento, el Fisco dedujo recurso de casación en la forma.

El recurso se fundó en la causal del artículo 768 N°5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 N°4 del mismo cuerpo legal, denunciando la falta de consideraciones de hecho y de derecho que justificaran el aumento del monto indemnizatorio.

El Fisco sostuvo que la sentencia de alzada no explicó las razones fácticas ni jurídicas para elevar la suma fijada en primera instancia, especialmente considerando que dicho fallo había establecido que no se acreditó ni la época exacta de las detenciones ni su extensión temporal.

La Corte Suprema recordó que las sentencias definitivas deben cumplir estrictamente con los requisitos de fundamentación establecidos en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y desarrollados en el Auto Acordado de 1920, destacando que la motivación de los fallos no solo permite el control jurisdiccional mediante los recursos, sino que también evita la arbitrariedad y permite a las partes comprender las razones de la decisión judicial.

En ese contexto, el máximo Tribunal concluyó que la sentencia de la Corte de Talca incurrió en el vicio denunciado, al limitarse a efectuar consideraciones genéricas sobre la categoría de víctima, sin hacerse cargo de las conclusiones fácticas asentadas en primera instancia ni explicar cómo, a partir de ellas, resultaba procedente elevar la indemnización a $50 millones. Por ello, acogió el recurso de casación en la forma, anuló el fallo impugnado y dictó sentencia de reemplazo.

En esta última, la Corte Suprema desarrolló extensamente los criterios que rigen la indemnización del daño moral en casos de responsabilidad del Estado por violaciones a los derechos humanos, destacando la aplicación preferente de los tratados internacionales y normas de ius cogens conforme al artículo 5° de la Constitución.

Asimismo, precisó que el daño moral, por su naturaleza subjetiva, debe ser determinado prudencialmente por los jueces, considerando las circunstancias del caso concreto y los montos fijados en situaciones similares, evitando decisiones arbitrarias.

Al analizar las probanzas rendidas, la Corte dejó establecido que los jueces del fondo tuvieron por acreditado que el demandante, quien se desempeñaba como gendarme, fue detenido y torturado al menos en una oportunidad, aunque sin precisión respecto del número exacto de detenciones ni de su duración. Atendida esa indeterminación, la Corte estimó que debía recurrirse como parámetro a casos de privaciones de libertad de corta duración ya resueltos por la jurisprudencia, concluyendo que una indemnización de $5 millones resultaba proporcional a los padecimientos acreditados.

En definitiva, la Corte Suprema confirmó la sentencia del Cuarto Juzgado Civil de Talca, con declaración que fija el monto de la indemnización por daño moral en la suma de $5.000.000.-.

Vea sentencia Corte Suprema Rol 244.957-2023, Corte de Talca Rol N° 2211-2022 Civil (DDHH)y del Cuarto Juzgado Civil de Talca, Rol C-1808-2021.