Corte de Santiago confirma sanción a fundación educacional por no acreditar más de $308 millones en subvenciones

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo interpuesto por una fundación educacional, confirmando la resolución de la Superintendencia de Educación que le aplicó la sanción de privación parcial y temporal del 5% de la subvención general por un período de cuatro meses, por no cumplir con la obligación de entregar la información solicitada para acreditar la total disponibilidad de los saldos de subvenciones y aportes estatales correspondientes al año 2022.

La controversia se originó a partir de un proceso de fiscalización llevado a cabo por la Superintendencia de Educación, en el marco del procedimiento de acreditación de saldos, que culminó con la constatación de que la entidad sostenedora no acreditó montos superiores a $308 millones, correspondientes a subvención SEP y recursos de pro-retención. En atención a ello, la autoridad administrativa instruyó un procedimiento sancionatorio y formuló un cargo único por incumplimiento de la obligación de entregar la información requerida en la forma y plazos instruidos.

La Fundación reclamante sostuvo que la sanción aplicada era ilegal y arbitraria, alegando que los recursos percibidos durante el período fiscalizado fueron íntegramente utilizados en la actividad educacional y que las diferencias detectadas se explicaban por gastos no rendidos oportunamente en libros de remuneraciones y facturas de proveedores. Asimismo, cuestionó la calificación de la infracción como grave, sosteniendo que, a lo sumo, se trataría de una infracción menos grave conforme al artículo 77 de la Ley N° 20.529, solicitando subsidiariamente la rebaja de la sanción o su sustitución por una amonestación.

Por su parte, la Superintendencia de Educación defendió la legalidad de la sanción, señalando que la infracción fue correctamente calificada como grave, ya que la normativa exige no solo la rendición de cuentas, sino también el cumplimiento de los requisitos formales y sustantivos para acreditar la disponibilidad de los saldos, lo que únicamente puede efectuarse mediante certificados bancarios, documentos que no fueron acompañados por la reclamante. Añadió que la sanción impuesta se encontraba dentro del rango legal previsto para este tipo de infracciones y que se ponderaron las circunstancias del caso, incluida la existencia de infracciones graves anteriores vinculadas al mismo bien jurídico.

La Corte de Santiago desestimó el reclamo, concluyendo que la autoridad administrativa actuó dentro del marco de sus atribuciones y con apego a la normativa vigente. En particular, sostuvo que la omisión de acompañar los certificados bancarios exigidos para acreditar la disponibilidad de los saldos configura efectivamente la infracción grave prevista en el artículo 76 letra b) de la Ley N° 20.529, descartando que se tratara de una mera entrega incompleta o tardía de información.

El fallo señaló que “la obligación normativa no solo radica en efectuar la rendición, sino que asimismo en cumplir con los requisitos formales y sustantivos exigidos, como la acreditación de saldos con certificados bancarios, cuya omisión configura precisamente la infracción grave”, agregando que la sanción aplicada resulta procedente y proporcional, al encontrarse dentro de los márgenes legales establecidos para este tipo de infracciones.

En mérito de lo expuesto, la Corte de Santiago rechazó la reclamación interpuesta.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol N° 452-2025 (Contencioso administrativo).