Condenan a presidio perpetuo calificado a miembros de célula del Tren de Aragua

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó a penas de presidio perpetuo calificado y presidio perpetuo simple a integrantes de una célula del Tren de Aragua asentada en la Región de Tarapacá, denominada “Los Piratas”, por su responsabilidad en dos homicidios calificados consumados, varios homicidios calificados frustrados, asociación criminal y tráfico ilícito de drogas.

En fallo unánime, el tribunal condenó a dos de los acusados a la pena única de presidio perpetuo calificado, en calidad de autores de dos delitos consumados de homicidio calificado y tres delitos frustrados de homicidio calificado, ilícitos perpetrados entre junio y noviembre de 2023 en la jurisdicción.

La misma pena única de presidio perpetuo calificado fue impuesta a otro de los acusados, como autor de dos delitos consumados de homicidio calificado y dos homicidios calificados frustrados. A su vez, otros tres integrantes de la organización fueron condenados a la pena única de presidio perpetuo simple, como autores de dos delitos consumados de homicidio calificado y un homicidio calificado frustrado, también por hechos ocurridos entre junio y noviembre de 2023.

En la misma causa, el tribunal condenó al acusado sindicado como jefe de la facción en Chile a la pena de 5 años y un día de presidio como autor del delito consumado de asociación criminal. Por su parte, otros seis acusados fueron condenados a 3 años y un día de presidio como autores del mismo delito, en calidad de miembros de la organización criminal.

Además, uno de los integrantes de la agrupación fue condenado a la pena única de 18 años de presidio como autor de dos delitos frustrados de homicidio calificado, perpetrados en noviembre en Iquique y Alto Hospicio. También se le impuso la pena de 5 años y un día de presidio, multa de 40 UTM y accesorias legales, como autor del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por hechos cometidos el 7 de mayo de 2024 en Iquique.

En cuanto a los hechos, el tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en la Región de Tarapacá operaba una célula de la organización criminal transnacional de origen venezolano conocida como Tren de Aragua, identificada como “Los Piratas”.

Según se estableció en el juicio, esta agrupación mantenía el control de terminales formales e informales desde los cuales se efectuaban traslados de migrantes irregulares desde la región hacia el resto del país. Desde el año 2021, el grupo criminal se asentó en esa actividad y comenzó a imponer cobros a quienes ejercían el oficio de “jaladores”, esto es, personas dedicadas a captar migrantes para subirlos a buses interprovinciales en los terminales, cobrándoles un sobreprecio por el valor de los pasajes.

El tribunal tuvo por acreditado que la organización exigía a los jaladores el pago de una suma de dinero por cada pasajero captado, a modo de tributo para ejercer esa actividad informal, sancionando a quienes no se sometían a sus instrucciones.

Respecto del delito de asociación criminal, el fallo estableció que la facción “Los Piratas” utilizaba como imagen representativa una bandera negra con una calavera, empleada en los comunicados difundidos mediante estados de WhatsApp, medio por el cual las facciones del Tren de Aragua imponían instrucciones en los territorios bajo su control. Dicha imagen operaba como la “marca registrada” del grupo.

La estructura radicada en Tarapacá tenía en su cúspide, a nivel internacional, a un líder que ejercía desde fuera de Chile la dirección de la facción “Los Piratas”. En esa calidad, mandató la comisión de delitos graves dentro de la cadena de mando. Su lugarteniente en suelo chileno era uno de los acusados condenados, quien representaba su liderazgo en Chile.

El tribunal estableció que, en su calidad de jefe y líder en Chile de la facción, dicho acusado recibía cuenta de las acciones ejecutadas por los brazos operativos de la organización, con el fin de comunicar a su mando superior en el extranjero las actividades desarrolladas en los negocios que la organización manejaba en el país.

El primer hecho acreditado ocurrió el 22 de junio de 2023. Las víctimas, en total tres, se dedicaban al traslado de migrantes en la misma actividad controlada por el Tren de Aragua, pero sin someterse a sus reglas, ya que no pagaban “la vacuna” o “tributo” exigido por la organización, consistente en $5.000 por cada pasajero transportado.

Por intervenir en el negocio controlado por el Tren de Aragua, desde fines de 2022 y hasta la fecha de los hechos, las víctimas sufrieron reiterados atentados ordenados por la organización y ejecutados por sus miembros, tales como secuestros, robos, agresiones, amenazas y disparos en la vía pública. Estas acciones fueron realizadas como advertencia frente a su negativa a pagar lo exigido y a trabajar en el rubro del transporte bajo las reglas impuestas por la asociación criminal.

En ese contexto, los acusados planearon asesinarlos y se trasladaron a Alto Hospicio, al sector de la ex Azufrera, donde funcionaba un aparcadero clandestino. En el lugar, dos de los acusados, simulando ser migrantes irregulares, ingresaron al recinto, que estaba a cargo de una víctima J.N.L. y donde también se encontraban dos personas, todos vinculados al transporte de migrantes irregulares desde Tarapacá hacia el resto del país.

Mientras ello ocurría, otros dos integrantes de la organización permanecieron en los vehículos en que se trasladaron al lugar, un Ford Fiesta y un Mazda Demio facilitado por otro de los acusados, esperando a quienes habían ingresado al aparcadero. Una vez que estos verificaron que las víctimas se encontraban en el lugar, dieron curso al plan, desenfundaron las armas que portaban y comenzaron a disparar.

Uno de los atacantes disparó en reiteradas oportunidades contra de un sujeto, quien se encontraba descansando en el asiento del conductor de un vehículo. En el mismo sector estaba otro, quien intentó huir. Por su parte, otro de los agresores disparó en diversas ocasiones contra de una víctima. Como consecuencia del ataque dos fallecieron en el lugar, mientras que un tercero resultó herido en sus extremidades inferiores.

Luego del ataque, los autores materiales informaron al líder de la facción en el extranjero y al jefe en Chile el resultado del cometido. Posteriormente huyeron del aparcadero y se dirigieron hacia los vehículos que los esperaban. Luego bajaron al sector del Marinero Desconocido, en Iquique, donde lanzaron por un barranco el Ford Fiesta, retirándose del lugar a bordo del Mazda Demio facilitado por otro integrante de la agrupación.

El segundo hecho acreditado ocurrió el 20 de noviembre de 2023. La víctima, de nacionalidad venezolana, se desempeñaba desde 2021 primero en labores de transporte de migrantes irregulares y luego como jalador en terminales de la región, específicamente en Alto Hospicio e Iquique. Durante ese período fue reiteradamente amenazada y víctima de delitos cometidos por miembros de la organización. Sin embargo, nunca pagó suma alguna a la agrupación ni se sometió a sus órdenes.

Desde el 15 de noviembre de 2023, el jefe de la facción en Chile y otros dos integrantes de la organización, siguiendo instrucciones del líder que operaba desde el extranjero, coordinaron matarlo. Para ello realizaron seguimientos y vigilancias al domicilio de la víctima. Finalmente, el 20 de noviembre de 2023, cerca de las 04:30 horas, mientras aquel llegaba a su domicilio ubicado al interior de la Toma La Pampa, en la comuna de Alto Hospicio, y luego de guardar su vehículo, apareció sorpresivamente uno de los acusados, quien le disparó en reiteradas ocasiones para luego huir del lugar.

Producto de los disparos, la víctima no falleció, pero resultó con heridas por arma de fuego en el tórax lateral izquierdo y región lumbar, según el dato de atención de urgencia respectivo, además de una contusión pulmonar detectada por el Servicio Médico Legal de Iquique.

El tercer hecho acreditado ocurrió el 1 de noviembre de 2023. A raíz de los sucesos que afectaron a la víctima anterior, se revisaron denuncias ingresadas al Ministerio Público, detectándose una denuncia de oficio efectuada por Carabineros a partir del hallazgo de un vehículo vinculado a la víctima. De esta forma se estableció que la misma persona había sufrido otro atentado días antes del ataque ocurrido el 20 de noviembre.

Ese hecho tuvo lugar durante la mañana del 1 de noviembre de 2023, cuando aquel se encontraba junto a una conocida en el sector de Playa Blanca, en la comuna de Iquique, a bordo de su vehículo Hyundai Santa Fe. En ese momento apareció un automóvil Mazda Demio color grafito, conducido por uno de los acusados, acompañado por otro imputado y un tercer sujeto no identificado. El vehículo se posicionó a un costado del automóvil de la víctima, mientras un segundo móvil, un Honda Fit negro conducido por otro integrante de la agrupación, se ubicó detrás, cerrando la vía para impedir la huida.

Luego, los atacantes descendieron con armas de fuego para disparar contra la víctima. Sin embargo, la víctima logró pasar su vehículo entre los automóviles de los agresores y alejarse del lugar. Posteriormente abandonó el auto en la vía pública, mientras era perseguido por los atacantes, quienes finalmente huyeron. Según el fallo, este ataque fue instruido por el líder de la facción en el extranjero, quien delegó su ejecución en el jefe de la organización en Chile.

El cuarto hecho acreditado se relaciona con el delito de tráfico ilícito de drogas ocurrido el 7 de mayo de 2024. Producto de los antecedentes anteriores y de las vigilancias efectuadas respecto de uno de los integrantes de la organización, personal policial gestionó diversas órdenes judiciales verbales de entrada y registro en inmuebles vinculados al imputado, entre ellos un domicilio ubicado en calle Arturo Pérez Canto N° 2290, en Iquique.

En ese inmueble, el acusado poseía y guardaba 860 gramos netos de marihuana, 47,36 gramos de ketamina y 7,5 gramos de cocaína clorhidrato. Además, se incautaron 14 teléfonos celulares en otro domicilio y en un local al que concurría.

Con estos antecedentes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique tuvo por acreditada la existencia de una estructura criminal organizada, jerarquizada y con conexión transnacional, dedicada al control violento de actividades vinculadas al traslado informal de migrantes en la Región de Tarapacá, mediante el cobro de tributos, amenazas, ataques armados y homicidios contra quienes se negaban a someterse a sus reglas.