“Sería importante dejar de ver la intervención del Estado solo como castigo y generar puentes”: Rocío Sánchez sobre reinserción social y política criminal

Por Bárbara Mansilla Lillo, Universidad Andrés Bello

La política criminal y la reinserción social en Chile enfrentan desafíos estructurales que van más allá del castigo y la sanción penal. En este contexto, la doctora Rocío Sánchez, académica de la Universidad Andrés Bello, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Valparaíso y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, analiza los problemas sistémicos del sistema penitenciario chileno y propone estrategias para avanzar hacia una política criminal integral, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

En esta entrevista exclusiva, Sánchez aborda la reinserción de personas privadas de libertad, la coordinación institucional entre el Poder Judicial y Gendarmería, y la necesidad de generar puentes entre el Estado, las familias y la sociedad, destacando la importancia de políticas basadas en evidencia y no en medidas punitivas inmediatas.

1. ¿Cuál es el principal obstáculo estructural que impide una reinserción social efectiva de los condenados en Chile?

Si bien el problema radica en diversos factores, se podría destacar la necesidad de diseñar una política interinstitucional, con los recursos financieros adecuados, para realizar intervenciones especializadas en el corto, mediano y largo plazo. Esta forma de enfrentar el problema no va de la mano de decisiones políticas apresuradas y sin evidencia que las respalde.

2. ¿Qué medidas concretas propone para reducir la tasa de reincidencia criminal en el país?

Si bien no existen soluciones mágicas ni una única medida infalible, creo que sería necesario comenzar a evaluar las políticas existentes y resolver cuáles de ellas han tenido resultados positivos, analizando si se pueden expandir o se requeriría implementar medidas políticas nuevas. Además, sería relevante incluir a toda la institucionalidad estatal competente en la implementación de intervenciones con mayor articulación que apoyen a las personas en su proceso de inserción luego de cumplidas las condenas.

Sería importante dejar de ver la intervención del Estado solamente como castigo y generar diálogos, pero sobre todo puentes. Dichas intervenciones no debiesen realizarse solo sobre las personas condenadas, sino también con sus familias, pues los efectos de las penas también les alcanzan, debilitando las posibilidades de integración.

3. ¿De qué manera el sistema penitenciario chileno integra la perspectiva de género en la gestión de los centros de detención femeninos?

El sistema penitenciario en el mundo ha sido diseñado para aplicar el castigo a los varones, por lo tanto tiene déficits estructurales que afectan a las mujeres. En nuestro país se están desarrollando esfuerzos para disminuir ese trato diferenciado perjudicial. El trabajo de Gendarmería, a través de sus unidades de género, ha sido relevante, desde la dictación de normativa especializada para mujeres embarazadas o madres con hijos bajo su cuidado.

También ha sido fundamental el rol de las organizaciones de la sociedad civil, que han visibilizado las necesidades básicas de las mujeres privadas de libertad, contribuyendo a que desde el Ministerio de Justicia se elaboren protocolos de actuación. Sin embargo, aún es necesario avanzar más, especialmente respecto de las mujeres y personas LGBTIQ+ privadas de libertad.

4. ¿Cuál es el impacto de la maternidad y el vínculo con hijos e hijas en la reinserción de las mujeres privadas de libertad?

El impacto es incalculable. Diversas investigaciones explican que el daño es muy profundo y requiere intervención no solo para la madre, sino también para sus hijos e hijas. Además, los efectos del encarcelamiento recaen sobre toda la familia, ya que muchas mujeres son jefas de hogar. Al faltar ellas, otras mujeres —normalmente sus madres— asumen ese rol. En caso de no haber familiares disponibles, los hijos son institucionalizados. Este es el mayor temor de las mujeres encarceladas. Pensemos también que el número de hijos de mujeres presas en Chile es superior al promedio nacional.

5. ¿Cómo evalúa la coordinación entre el Poder Judicial, Gendarmería y las instituciones de la sociedad civil en la ejecución de la política de reinserción?

Parece ser una vinculación que podría mejorar. El Poder Judicial y Gendarmería se relacionan principalmente a través de los procedimientos de cumplimiento de penas o las visitas de los Jueces de Garantía. En este aspecto necesitamos avanzar hacia la figura de jueces de ejecución penal. Además, es fundamental integrar a todas las instituciones competentes del Estado mediante un actuar organizado y sistemático.

6.****¿Cuál es el riesgo de que el populismo punitivo distorsione los objetivos de la política criminal y de reinserción en Chile?

El populismo punitivo ya distorsionó los objetivos de la política criminal. No sé bien cómo se podrían disminuir sus efectos.

7. ¿Cuáles son las principales diferencias en el perfil criminológico de las mujeres privadas de libertad en comparación con los hombres en Chile?

La población femenina es menor, y en su mayoría está condenada por microtráfico. Normalmente tienen baja escolaridad, se dedican al cuidado del hogar y tienen más hijos que la media nacional. Además, muchas presentan antecedentes de violencia en sus familias de origen o en relaciones sentimentales.

Un elemento común entre mujeres y hombres privados de libertad es que suelen tener familiares que también estuvieron presos, lo que refleja la transmisión intergeneracional de la exclusión penal.

8. ¿Considera que ha habido una correcta aplicación de las Reglas de Bangkok por parte de Chile?

Considero que parcialmente se aplican de forma adecuada. Gendarmería ha hecho esfuerzos por reglamentarlas, pero su implementación requiere recursos y personal capacitado, lo que sigue siendo un gran desafío. Por otro lado, los tribunales han aplicado estas reglas directamente, aunque su falta de desarrollo interno ha generado ciertos problemas, especialmente en materia de sustitución de penas.

9. ¿De qué manera la perspectiva de género influye en el sistema judicial y penitenciario chileno?

De muchas maneras. La perspectiva de género supone aplicar tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, lo que exige un juzgamiento libre de estereotipos y sesgos. Esto implica también controlar el actuar del órgano persecutor, las defensas y los propios jueces.

Para Gendarmería, el desafío es implementar estas normas en el cumplimiento de las penas. Ejemplo de ello es la Resolución Exenta N°1426, que aprueba disposiciones sobre el respeto y garantía de los derechos de personas gestantes y con niños lactantes bajo custodia.

10. ¿Cómo se integra la criminología en el diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana en el país?

Es una tarea pendiente. En la práctica, la “emergencia” política ha reemplazado la planificación técnica. Los aportes de la criminología deberían orientar políticas públicas basadas en evidencia, pero muchas leyes penales recientes responden a coyunturas y casos mediáticos.

El diseño de una política criminal coherente requiere evaluación seria, coordinación institucional y debate público informado, para realmente mejorar la seguridad y la calidad de vida de todas las personas.