Monserrat Díaz: “La denuncia también es una acción colectiva que fortalece la seguridad de las comunidades”

Por Elke von Loebenstein, Subdirectora Diario Constitucional

En la Región Metropolitana, más del 54% de los hogares que sufren algún tipo de delito no denuncian el hecho ante Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) o Fiscalía según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2024 (ENUSC). Junto a la aún elevada percepción de inseguridad a nivel nacional, así como la desconfianza hacia el accionar de las instituciones receptoras de denuncias, activar la persecución del delito ha significado un desafío para la seguridad ciudadana en el centro del país.

Frente a este diagnóstico, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, con el impulso del Gobierno de Santiago, puso en marcha el “Programa Fortalecimiento de la Denuncia”, una iniciativa que busca empoderar a los municipios y organizaciones comunitarias de la RM con herramientas prácticas y pedagógicas sobre la denuncia.

Durante los últimos tres meses, expertos en gestión local de la seguridad, criminología y prevención del delito vinculados al CESC, han capacitado a más de 140 funcionarios de los departamentos municipales de seguridad en materia de denuncias. Además, se han desplegado una serie de jornadas con más de 100 líderes comunitarios y vecinales, que se espera logren abarcar las 52 comunas metropolitanas.

En este marco, una de las coordinadoras del Programa Fortalecimiento de la Denuncia, la investigadora del CESC y socióloga Monserrat Díaz, comentó los principales avances de este proyecto intersectorial, junto con los desafíos que persisten en el área y la importancia de la coproducción de seguridad en el control de la delincuencia.

Sobre el rol del CESC y la metodología

¿Qué aprendizajes han surgido del trabajo de diagnóstico con municipios y organizaciones sociales?

El diagnóstico realizado permitió constatar que las organizaciones sociales y las direcciones de seguridad de los municipios de la Región Metropolitana mantienen un alto compromiso con aumentar la tasa de denuncias, aunque aún persisten desafíos relevantes.

En el caso de las organizaciones sociales, uno de los principales desafíos se relaciona con la distinción entre denunciar hechos delictivos ante las instituciones facultadas —como Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia— y reportar situaciones que afectan la convivencia comunitaria que, si bien son relevantes, no necesariamente constituyen delitos tipificados por la ley y, por tanto, deben canalizarse a través de otros organismos, como las municipalidades.

Esta diferenciación incide directamente en las expectativas sobre el proceso de denuncia: qué ocurre tras presentar una denuncia formal y qué tipo de respuesta se activa al reportar situaciones a otras instituciones. Comprender esta distinción resulta esencial para gestionar expectativas, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar que la ciudadanía utilice adecuadamente los canales disponibles.

Otro desafío detectado corresponde al desconocimiento de las instituciones y canales oficiales para denunciar, lo que limita la capacidad de la ciudadanía para ejercer su derecho y dificulta que la información llegue oportunamente a las entidades responsables de la seguridad y la justicia.

Sobre el trabajo con organizaciones sociales

¿Cómo se promueve que las y los dirigentes vecinales se conviertan en agentes activos de denuncia y prevención?

Los talleres de capacitación se desarrollan bajo una modalidad de formación de formadores/as, lo que permite que quienes participan puedan replicar los conocimientos adquiridos en sus comunidades y territorios. Este proceso se complementa con materiales físicos y digitales que facilitan la transmisión de contenidos y el fortalecimiento de capacidades locales.

Al mismo tiempo, se busca profundizar en la comprensión del rol que desempeñan las y los dirigentes vecinales en la coproducción de la seguridad, destacando la relevancia de las estrategias de control social informal y el valor de su liderazgo comunitario en la promoción de entornos más seguros y cohesionados. La evidencia demuestra que comunidades más cohesionadas tienden a ser comunidades más seguras, actuando como factor protector frente al delito y las violencias.

En este sentido, es fundamental reconocer que las organizaciones comunitarias, junto con las municipalidades, poseen un conocimiento profundo de las dinámicas y necesidades de sus territorios, lo que les permite impulsar respuestas más contextualizadas y significativas para las personas. De esta manera, las y los dirigentes vecinales se consolidan como actores clave en la promoción de la denuncia y la prevención del delito.

¿Qué tipo de herramientas o conocimientos se entregan en los talleres de capacitación?

Los talleres se estructuran a partir de los hallazgos del diagnóstico inicial elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), tomando en cuenta las necesidades identificadas en las comunidades y las particularidades de cada territorio.

En una primera etapa, se profundiza en el concepto de denuncia, abordando sus características y los principios que orientan este procedimiento. Posteriormente, se analiza el ecosistema de seguridad y justicia, con especial atención a las instituciones mandatadas para recibir denuncias y sus respectivas responsabilidades.

Además, se revisan los derechos de víctimas y testigos, promoviendo el conocimiento como herramienta clave para el acceso a la justicia. Finalmente, se desarrolla un módulo práctico orientado al uso de la plataforma digital tudenunciacuenta.cl, creada por el CESC, con el propósito de facilitar su adopción y promover su uso informado entre las y los participantes.

Sobre la dimensión de género y diversidad

¿Por qué es importante abordar la denuncia desde una perspectiva de género?

La perspectiva de género es una herramienta esencial para el análisis de la violencia, ya que permite visibilizar cómo esta se encuentra atravesada por un orden de género dominante. En el ámbito de la denuncia, resulta especialmente útil para comprender por qué las violencias motivadas por razones de género –como la violencia sexual o la violencia intrafamiliar– suelen no ser captadas tempranamente por los sistemas formales de registro. Ello se explica tanto por la fenomenología del delito como por las barreras socioculturales que dificultan la denuncia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres (ENVCM), solo un 36,5% de las mujeres que experimentaron violencia física denunció su último episodio, siendo el motivo más frecuente la percepción de que “denunciar no serviría de nada”. En el caso de la violencia sexual, apenas un 10,3% denunció, principalmente porque “no sabía que podía hacerlo”. Respecto a la violencia psicológica, un 17,6% presentó denuncia, considerando que “no fue algo serio”.

Este análisis permite identificar tres factores que inciden en la no denuncia en casos de violencia de género: la percepción de ineficacia de los mecanismos institucionales, el desconocimiento sobre qué actos constituyen delito y la normalización de ciertas formas de violencia.

Reconocer estas dimensiones es indispensable para diseñar estrategias más efectivas de prevención, atención y acceso a la justicia.

¿Qué desafíos se han identificado en la denuncia de delitos que afectan mayoritariamente a mujeres, como la violencia intrafamiliar o el acoso?

Un primer desafío consiste en que la violencia que afecta a mujeres y disidencias sexogenéricas sea reconocida como un problema de seguridad pública. Durante el levantamiento de información, se observó que delitos como la violencia intrafamiliar, pese a su alta incidencia y estabilidad en el tiempo, no emergían espontáneamente en los relatos vecinales. Esto revela una diferenciación entre los delitos percibidos como “públicos” –como los delitos contra la propiedad– y aquellos considerados “privados” o del ámbito doméstico, lo que contribuye a su naturalización y subregistro.

Un segundo desafío se relaciona con las barreras institucionales y socioculturales que enfrentan las mujeres y diversidades al denunciar. Estas incluyen el temor a represalias, la dependencia económica o emocional respecto de sus agresores, experiencias negativas previas con el sistema de denuncia, desconfianza en las instituciones y falta de información sobre derechos y rutas de atención disponibles.

Sobre el impacto y proyección

¿Cuáles son los principales resultados esperados hacia el cierre del programa?

El Programa de Fortalecimiento de la Denuncia busca que las personas comprendan la importancia de denunciar los hechos delictivos como una acción colectiva, más allá de un acto individual. La denuncia no solo puede dar inicio a un proceso penal y al reconocimiento formal de la condición de víctima o testigo, sino que también activa a las instituciones públicas de control, entregándoles información valiosa sobre la incidencia y características de los delitos. Esto permite orientar recursos y estrategias de manera más eficaz en beneficio de la comunidad.

El programa apunta a consolidar una cultura de la denuncia como herramienta de acceso a la justicia y participación ciudadana. Se proyecta un mayor uso informado de los canales de denuncia, promoviendo una ciudadanía empoderada que comprenda su rol en el ecosistema de seguridad y justicia.

Asimismo, se busca instalar conocimientos y buenas prácticas a nivel local, fortaleciendo las capacidades de los equipos comunales de seguridad para responder de manera más informada, oportuna y efectiva a las necesidades de sus comunidades.

¿De qué manera los hallazgos del CESC pueden servir para fortalecer políticas públicas de seguridad a nivel regional o nacional?

El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) promueve que los distintos actores –locales, institucionales y comunitarios– participen activamente en todo el ciclo de las políticas públicas, no como sujetos pasivos, sino como protagonistas y aliados estratégicos en cada etapa del proceso. En este sentido, los hallazgos del Programa de Fortalecimiento de la Denuncia representan un ejemplo concreto del valor de la colaboración entre la academia, las instituciones y la comunidad, aportando evidencia útil para fortalecer las políticas de seguridad a nivel regional y nacional.