«La IA debe ser co-piloto, nunca árbitro final»: entrevista a Gonzalo Álvarez Seura sobre el futuro tecnológico de la profesión legal

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Por Gabriel Carrasco Farías, Universidad Central

En esta entrevista buscamos profundizar en la incorporación de la inteligencia artificial en el ejercicio profesional de la abogacía, explorando los desafíos que implica aceptar estas tecnologías como herramientas válidas y útiles, así como las exigencias de un uso responsable y ético. También analizaremos cómo el derecho, en tanto ciencia jurídica, debe asimilar sus conceptos fundamentales a un entorno digital en constante transformación, las problemáticas que pueden surgir durante su aplicación o desarrollo y las proyecciones de esta tecnología en el futuro de la profesión.

El acelerado avance de la inteligencia artificial, impulsado por empresas que la integran crecientemente en múltiples ámbitos de la vida social, obliga a que la normativa nacional no permanezca ajena a estos cambios. Su impacto potencial en la práctica jurídica es significativo y plantea desafíos regulatorios y profesionales que deben ser abordados con urgencia.

Para ello, contamos con la visión de Gonzalo Álvarez Seura, abogado, doctor en Derecho y especialista en derecho privado e inteligencia artificial aplicada. Con más de 15 años de experiencia como litigante y consultor legal, académico e investigador, y actualmente docente en la Universidad Central de Chile y cofundador de Tech-Law AI, Álvarez Seura ofrece una perspectiva experta sobre cómo la IA está redefiniendo el presente y futuro del derecho.

1. ¿Cree que la implementación de la inteligencia artificial ha sido lenta o de bajo ritmo en el ejercicio de la profesión? ¿Atribuye dicha lentitud a la brecha digital existente en los abogados de mayor trayectoria?

Sí, el despliegue ha sido más lento que en otras industrias, pero no sólo por la brecha digital. Desde mi rol académico y como cofundador de Tech‑Law AI, observó que pesan el riesgo profesional y ético de equivocarse, las exigencias de confidencialidad y protección de datos, los problemas de citabilidad (las herramientas a veces “alucinan” fuentes), y también incentivos que no siempre premian la eficiencia inmediata. A eso se suma la falta de capacidades organizacionales: gobernanza, capacitación y curaduría de datos. La brecha digital influye, claro, pero cuando hay liderazgo, estándares internos y casos de uso bien definidos, la adopción avanza de forma sostenida

2. A su criterio, ¿en qué punto se podría fijar una línea divisoria entre el uso de la inteligencia artificial como herramienta de trabajo y una relación de dependencia entre el usuario y la máquina?

La trazo en tres obligaciones: mantener control humano significativo (debo poder explicar y justificar la conclusión sin la IA), practicar verificación obligatoria de hechos y citas en fuentes primarias, y asegurar trazabilidad de prompts, versiones y fuentes. Si no puedo auditar el proceso, hay dependencia. En asuntos de alto riesgo —dictámenes, escritos judiciales, informes a directorio— la IA es co‑piloto; la decisión, la firma y la responsabilidad siguen siendo humanas.

3. En el uso de la inteligencia artificial como herramienta, ¿hasta qué aspecto de la ciencia jurídica se le puede dar un uso criterioso?

Con controles adecuados, la IA es muy útil para búsqueda y síntesis de normativa, doctrina y jurisprudencia; para redacción asistida de minutas y cláusulas; para analítica de patrones y gestión de plazos y conocimiento; y en due diligence/e‑discovery para priorizar y clasificar. Sus límites están donde comienza la interpretación auténtica y el juicio profesional. La IA orienta y acelera, pero la opinión legal final requiere revisión humana integral.

4. ¿El uso de una hipotética inteligencia artificial de máxima tecnología podría, eventualmente, abarcar aspectos como interpretación de la ley o planteamientos realistas de estrategias jurídicas?

Podría modelar patrones interpretativos y sugerir líneas argumentales plausibles a partir de antecedentes comparables, e incluso simular escenarios. Sin embargo, la interpretación jurídica es contextual, teleológica y sistémica; exige ponderar principios, hechos singulares y política pública. Sin transparencia de fuentes y control de versiones normativas, el riesgo de error crece. Su mejor rol es el de simulador y generador de hipótesis, nunca el de árbitro final.

5. ¿Qué instituciones o gestiones propias de la profesión podrían ser automatizadas por la inteligencia artificial?

Todo lo repetitivo y normado: intake de clientes, KYC/AML y conflict check; generación de cartas de encargo; extracción y comparación de cláusulas en el ciclo de vida contractual; clasificación documental, cronologías y tablas de prueba en litigios; monitoreo de cambios normativos y matrices de cumplimiento; y operaciones legales como control de plazos y gestión de conocimiento. En cambio, la estrategia procesal, la negociación compleja y el consejo ético al cliente deben permanecer en manos del abogado.

6. ¿Hasta qué punto de la formación académica de un abogado es eficiente el uso de la inteligencia artificial ya sea en mayor o menor medida?

Propongo una progresión. En los primeros años, la IA sirve para aprender a preguntar bien (prompting responsable), entrenar resúmenes con citas obligatorias y detectar sesgos. En cursos intermedios, se incorporan auditoría de IA, verificación jurisprudencial y versionado normativo; y hacia el final, clínicas con simulaciones de casos, due diligence y declaración de uso de IA con bitácora de verificación. La meta es formar abogados aumentados, no dependientes; la evaluación debe medir criterio jurídico y capacidad de auditoría.

7. ¿Qué ha sido lo más complejo al momento diseñar una inteligencia artificial que haga un uso eficiente y coherente de la normativa nacional?

Primero, consolidar datos limpios y versionados: integrar textos vigentes con sus modificaciones y enlaces al Diario Oficial, reglamentos y jurisprudencia, superando formatos heterogéneos y metadatos incompletos. Segundo, asegurar trazabilidad estricta: que el sistema cite artículos, incisos, roles y conserve el contexto del párrafo. Tercero, una gobernanza robusta: privacidad, seguridad de datos y evaluación continua de sesgos y desempeño. En lo técnico, el desafío clave es alinear el modelo para que prefiera abstenerse antes que inventar.

8. ¿Cómo evaluaría usted el panorama nacional respecto al avance en la aceptación de la inteligencia artificial por parte de los letrados?

Veo un avance prudente pero sostenido. Grandes estudios y departamentos legales ya pilotan herramientas en contratos, compliance y analítica; en la academia, crecen cursos y diplomados que integran derecho y tecnología; y el sector público explora casos de uso acotados con enfoque ético. Persisten barreras —capacitación transversal, modelos de negocio tradicionales, dudas sobre confidencialidad y estándares—, pero estamos pasando de la curiosidad a la adopción con gobernanza. El próximo salto dependerá de estándares internos, métricas de calidad y formación continua.