Felipe Carrazana León: “El transporte regional está a años luz de los niveles de la Región Metropolitana. Los fondos espejo han permitido avances, pero siguen siendo insuficientes”

Por Patricio Vera Villalón, Universidad Santo Tomás

El transporte público regional enfrenta actualmente uno de los procesos de transformación más complejos de las últimas décadas. El crecimiento urbano acelerado, la expansión habitacional hacia sectores periféricos, las nuevas exigencias ambientales y la necesidad de modernizar los sistemas de operación han instalado una serie de desafíos que obligan a repensar tanto el diseño institucional como el modelo de financiamiento y gestión del transporte en las regiones.

En ese contexto, la discusión sobre el uso e impacto de los denominados “fondos espejo” ha adquirido especial relevancia, particularmente respecto de su capacidad real para mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios de transporte público fuera de la Región Metropolitana. A ello se suman las dificultades asociadas a la implementación de nuevas tecnologías, como los sistemas de cobro electrónico, y las crecientes exigencias en materia de electromovilidad, accesibilidad universal y sostenibilidad ambiental.

La problemática también plantea interrogantes sobre la coordinación entre planificación urbana y transporte público, especialmente frente al crecimiento habitacional de las zonas periféricas y los cambios en los patrones de movilidad urbana. En paralelo, persisten tensiones entre las exigencias regulatorias impuestas por la autoridad y las capacidades operativas y financieras de los concesionarios, abriendo el debate sobre los mecanismos de coordinación y resolución de conflictos dentro del sistema.

Asimismo, la necesidad de desarrollar infraestructura crítica —como terminales de buses, electrolineras y puntos de carga eléctrica— ha reactivado la discusión respecto del rol que deben asumir el Estado y el sector privado en el financiamiento y ejecución de proyectos estratégicos para la movilidad regional.

En esta entrevista conversamos con Felipe Carrazana León, consejero municipal de Coquimbo, técnico en Administración Pública, con estudios en el área de educación y diplomados en Gestión Pública y Liderazgo Municipal y Gestión de Equipos. Junto a él abordamos los principales desafíos jurídicos, regulatorios, financieros y operacionales que enfrenta actualmente el transporte público regional, así como las perspectivas de modernización del sistema frente a las exigencias de conectividad, sostenibilidad y desarrollo urbano que demandan las ciudades del país.

1. Desde su perspectiva, ¿cómo evalúa el impacto que han tenido los fondos de apoyo regional, o fondos espejo en la mejora de la operación y calidad del transporte público local durante los últimos cinco años?

Desde mi perspectiva, se deben entender las distintas realidades estructurales que existen. Considero que los fondos han permitido avances importantes en estructura, sin embargo, el impacto es insuficiente. El sistema sigue teniendo problemas en cuanto a frecuencia, tiempos de espera y cobertura, por tanto, requerimos un sistema integrado.

2. Considerando el crecimiento urbano y habitacional de las zonas periféricas, ¿de qué manera se articula actualmente la planificación del transporte público con los procesos de expansión territorial de la ciudad?

Existe una coordinación limitada, frente a los nuevos proyectos inmobiliarios que se desarrollan más rápido, lo que exige una modernización equivalente.

Frente a cambios en los patrones de movilidad, aumento de la congestión vehicular o variaciones en la demanda de usuarios, ¿qué nivel de flexibilidad administrativa existe para modificar recorridos, frecuencias y condiciones operativas del sistema de transporte?

Hay una buena flexibilidad administrativa, pero los procesos en sí son lentos, pues, por ejemplo, requieren de discusión administrativa y estudios técnicos extensos, que dificultan la mejora de las frecuencias, lo que se vio mayormente en la pandemia.

3. En el marco del proceso de modernización del transporte público regional, ¿cuáles identifica como los principales obstáculos —ya sean técnicos, normativos, administrativos o financieros— para avanzar hacia una implementación definitiva del sistema de cobro electrónico?

El principal obstáculo es la falta de infraestructura y coordinación entre entidades, siendo que el sistema de cobro electrónico es una discusión de años, por ejemplo, algunas personas dentro del sector privado frente a esto no estaban seguros de estas implementaciones debido a temas de impuestos, siendo por ello y otras cosas, un proceso complejo.

4. Bajo las actuales condiciones económicas y operativas del mercado regional, ¿considera viable alcanzar los estándares de electromovilidad, sostenibilidad y accesibilidad universal que actualmente se exigen en la Región Metropolitana?

Enfrenta brechas significativas con la Región Metropolitana. La realidad regional es distinta en cuanto al financiamiento o la infraestructura. Para alcanzar mejores estándares de electromovilidad, sostenibilidad y accesibilidad universal es necesario un compromiso financiero del ministerio de transportes.

5. Cuando se producen diferencias entre las exigencias regulatorias de la autoridad y las capacidades reales de operación de los concesionarios, ¿qué mecanismos institucionales de coordinación, mediación o resolución de conflictos existen actualmente?

Entre el Ministerio de Transportes, el gobierno regional y las asociaciones gremiales, se dan instancias de fortalecimiento por medio de diálogo técnico y soluciones colaborativas.

6. En su opinión, ¿cómo debería distribuirse la responsabilidad entre el Estado y el sector privado en el desarrollo de infraestructura crítica para el transporte público, particularmente en materias como terminales de buses, electrolineras y puntos de carga eléctrica?

Debe ser una responsabilidad compartida. El Estado debe comprometerse con la fijación de estándares mínimos y financiación, mientras que el sector privado debe comprometerse a la eficiencia y calidad de los servicios.

7. ¿Considera que el actual modelo de transporte regional cuenta con herramientas suficientes para responder a los desafíos de crecimiento urbano, sostenibilidad ambiental y modernización tecnológica que enfrentan las ciudades en el mediano plazo?

Si bien ha avanzado bastante, todavía es complejo, el transporte regional está a años luz de los niveles en la región metropolitana, y requiere de herramientas necesarias para una mayor modernización.

8. Desde el punto de vista regulatorio y de política pública, ¿qué cambios considera prioritarios para fortalecer el transporte público regional y reducir las brechas existentes respecto de la Región Metropolitana?

Fortalecer la descentralización de los recursos y de competencia, acelerar y modernizar la operativa funcional, cumpliendo con estándares de sostenibilidad ambiental y de energía limpia, lo que requiere una colaboración entre lo público y lo privado.

9. Finalmente, ¿cuáles cree que serán los principales desafíos jurídicos, financieros y operacionales que enfrentará el sistema de transporte público regional durante los próximos años?

Principalmente la sostenibilidad económica y la transición energética, ya que, si bien han habido mejoras en el sistema, la electromovilidad requiere de un alto costo, y el crecimiento urbano, siendo que ambas ciudades (Coquimbo y La Serena) se encuentran en constante expansión, lo que exige al sistema llegar a más personas.