Claudio Castillo: “La nueva Ley de Adopción pone en el centro los derechos y el interés superior de niños, niñas y adolescentes, agilizando los procesos judiciales y priorizando la revinculación familiar en plazos acotados”

Por Valentina Palma Fuentes, Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez

A cuatro años de la puesta en marcha del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Chile continúa transitando un proceso de transformación institucional que busca dejar atrás las falencias históricas del antiguo Sename.

El nuevo servicio se propuso como un modelo centrado en la restitución de derechos y el acompañamiento integral de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, articulando esfuerzos entre el Estado, los municipios y las fundaciones colaboradoras.

Sin embargo, los desafíos persisten. La alta demanda de ingresos al sistema, las dificultades de coordinación interinstitucional, la falta de profesionales especializados y la necesidad de fortalecer la prevención siguen siendo puntos críticos que tensionan la capacidad de respuesta del programa.

En esta entrevista, conversamos con Claudio Castillo, actual director nacional del Servicio de Protección, quien nos comparte su visión sobre los principales desafíos y avances de la institución en Chile. A través de este diálogo, abordamos temas vinculados a la protección integral de la infancia y adolescencia, las políticas públicas en curso y las proyecciones del servicio en el actual contexto social.

1. Desde su creación, el Servicio de Protección ha debido demostrar que el cambio institucional no se limita al nombre, sino que representa una nueva forma de comprender la protección infantil. Durante estos años de funcionamiento, ¿cuáles considera que han sido los principales avances del Servicio de Protección respecto del antiguo SENAME?

Recientemente el Servicio de Protección cumplió cuatro años de funcionamiento, periodo que, si bien ha estado marcado por grandes desafíos, también por cambios significativos para avanzar hacia una mayor protección de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, destacamos la puesta en marcha de la transformación de los programas del Servicio, ya hay dos programas nuevos funcionando y el próximo año comenzaremos a implementar más. Estos nuevos programas son muy importantes, porque se basan en el cambio de un paradigma en la protección de niños, niñas y adolescentes, en línea con la evidencia internacional disponible. Además, hemos avanzado en el diseño de nuevos modelos de cuidado residencial, con residencias más pequeñas y divididas por rango etario, así como de casas de transición a la vida interdependiente, que permitirán a las y los adolescentes avanzar de forma paulatina hacia su independencia.

Hemos puesto especial foco en potenciar las Familias de Acogida, pues creemos que son la mejor alternativa de cuidado temporal para niños, niñas y adolescentes que están en protección especializada, por sobre las residencias. Actualmente, hay más de 10 mil niños al cuidado de Familias de Acogida y más de 5 mil en residencias. De estos últimos, 700 tienen entre 0 y 3 años y nuestra prioridad, es que esos niños pequeños puedan estar al cuidado de Familias de Acogida y no en residencias, porque sabemos, especialmente en esa etapa de crecimiento, el cariño y cuidado personalizado de una familia es clave para el desarrollo.

En concordancia con lo anterior, pusimos en marcha 12 nuevas Unidades de Familias, un refuerzo profesional muy importante, que nos permite agilizar nuestros procesos de gestión y formación de familias, tanto adoptivas como de acogida, ya que el principal propósito es restituir el derecho de más niños, niñas y adolescentes a vivir y crecer en una familia.

Finalmente, uno de los hitos más relevantes de estos cuatro años tiene que ver con la nueva Ley de Adopción, que pone en el centro los derechos y el interés superior de niños, niñas y adolescentes, agilizando los procesos judiciales y priorizando la revinculación familiar en plazos acotados.

En cuanto a los desafíos, ciertamente lo principal es aumentar nuestra capacidad para dar respuesta a la demanda actual. Desde 2024 como país enfrentamos una realidad muy cruda, ya que cada día ingresan a protección especializada más niños de los que nacen. Hemos visto un aumento muy significativo en los ingresos, sobre todo en los menores de cuatro años. A lo anterior, se suma también la tensión que el aumento de ingresos ha generado en las residencias, dado que el 55% está con sobrecupo. Este complejo escenario actual, de aumento de ingreso de niños y niñas al sistema de protección, solo se asemeja a la realidad del Chile del 2013, es decir, retrocedimos más de 10 años.

2. Uno de los pilares de la nueva institucionalidad es la articulación con otros servicios públicos, municipios y organismos colaboradores, elemento clave para lograr una respuesta integral. ¿Cómo ha funcionado esa coordinación en la práctica? ¿Existen ejemplos concretos de éxito o aspectos que aún deben fortalecerse en esta red de apoyo?

Lograr una articulación eficiente con otras instituciones públicas es un desafío en el que hemos puesto especial énfasis y estamos potenciando a través de diversos convenios de colaboración y espacios de coordinación. Cuando se creó el Servicio de Protección se diseñó un sistema de garantías conformado por múltiples instituciones, cada una a cargo de una arista de cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes de la red. El sistema de protección no lo conforma solo este Servicio, también hay tareas en otros sectores, como Educación, Salud, Seguridad, Deportes, Cultura y muchos otros actores que se involucran en el desarrollo cotidiano de niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, destacamos, por ejemplo, el trabajo realizado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del programa Mi Abogado, que, con el apoyo del Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y las policías, nos ha permitido aumentar la detección de casos de explotación sexual que afectan a niños, niñas y adolescentes en cuidado residencial. Esta coordinación, que incluye capacitaciones, trabajo en terreno y una comunicación permanente, ha permitido fortalecen la evidencia que acompaña las denuncias, aumentando los casos en los que los explotadores terminan detenidos o en la cárcel.

También hemos potenciado fuertemente el trabajo con los Gobiernos Regionales, que en varias regiones han priorizado la entrega de recursos para proyectos relacionados a la atención de niños, niñas y adolescentes del sistema de protección. Por otro lado, con el Ministerio de Seguridad, hemos iniciado un trabajo para entregar mayor resguardo a las residencias de niños, niñas y adolescentes. En algunas regiones, incluso, se han puesto a disposición drones que permiten mejorar la seguridad alrededor de las residencias y así evitar la llegada de explotadores sexuales.

Sin embargo, lamentablemente no hemos logrado que todos los otros sectores activen de manera oportuna la priorización que establece la Ley de Garantías en su artículo 16.

3. El tránsito a la vida adulta de quienes egresan del sistema es uno de los temas más sensibles. Muchos jóvenes requieren apoyo para continuar sus estudios, acceder a empleo o sostener redes de contención. ¿Qué programas existen actualmente para acompañar a los jóvenes que egresan del sistema en su inserción educativa, laboral y social?

Como Servicio comprendemos que la transición hacia la vida independiente es una de las etapas más desafiantes para las y los adolescentes que viven en residencias. Por ello, hemos fortalecido los apoyos orientados a su inserción educativa, laboral y social, bajo un enfoque de vida interdependiente que reconoce que la autonomía se construye con acompañamiento y redes de apoyo. En esta línea, hemos trabajado, por ejemplo, junto a SENCE, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los Centros de Formación Técnica Estatales, impulsando talleres de preparación para la vida independiente, orientación vocacional y acciones formativas que refuercen su autonomía y continuidad educativa.

Si bien la ley 21.302 establece que nuestro objetivo se centra en niños, niñas y adolescentes, existe la excepción que permite que quienes tienen más de 18 años puedan mantenerse en el sistema residencial hasta los 24 años si es que están cursando estudios. Y hemos visto un aumento significativo en la continuidad educativa: de 46 jóvenes estudiando en 2023 pasamos a 101 en 2025. Para apoyar estos procesos, se favorece su permanencia en residencias o gestionamos alternativas como pensiones y subsidios de arriendo cuando deben trasladarse, además de mantener convenios con CFT Estatales que brindan orientación vocacional, asesoría en becas y acompañamiento académico durante toda su trayectoria formativa. A su vez, la alianza con SENCE amplía sus oportunidades de empleabilidad mediante capacitaciones y formación práctica. El próximo año tendremos casas compartidas para adolescentes o jóvenes de 18 años o más.

En paralelo, en las regiones Metropolitana y de Valparaíso desarrollamos junto a INNOVA FOSIS proyectos que fortalecen habilidades prácticas para la vida cotidiana y capacidades socioemocionales, mediante metodologías lúdicas, experienciales y mentorías personalizadas que amplían sus redes de apoyo y los preparan para una vida interdependiente. Estas iniciativas contribuyen a que las y los jóvenes cuenten con herramientas concretas para desenvolverse en su futuro cercano, reforzando al mismo tiempo su seguridad personal y su capacidad para construir proyectos de vida realistas y sostenibles.

4. Tras años de ajustes y aprendizaje institucional, el Servicio de Protección enfrenta el desafío de consolidarse como un servicio capaz de generar políticas sostenibles y resultados medibles. ¿En qué etapa se encuentra hoy la consolidación del Servicio de Protección? ¿Cuáles son las metas prioritarias para los próximos años en materia de protección integral y restitución de derechos?

Ciertamente la puesta en marcha del Servicio estuvo marcada por algunas complejidades operativas. Sin embargo, ese proceso de instalación ya culminó, y actualmente estamos enfocados en el diseño e implementación de los nuevos programas de atención.

Estamos avanzando en un nuevo programa de acompañamiento de tránsito a la vida independiente, para las y los jóvenes que egresan del Servicio tengan todas las herramientas necesarias para insertarse en la sociedad y escribir sus propias historias.

Finalmente, ante el desafiante escenario que enfrentamos a causa del aumento de las derivaciones, estamos enfocados en potenciar en nuestro país una cultura de acogimiento familiar, para que quienes cumplen este rol tengan el respaldo que necesitan, no solo de su red de apoyo o familia directa, sino que de la sociedad en su conjunto. Apostamos a que en el futuro nadie tenga que explicar qué es ser familia de acogida.

5. Uno de los principios centrales del nuevo enfoque de protección es el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, con voz y opinión propia en las decisiones que les afectan. Incorporar su participación activa representa un cambio cultural dentro del sistema ¿Cómo se garantiza la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en los procesos de acompañamiento y en el diseño de políticas dentro del Servicio de Protección?

Contamos con un Consejo Asesor Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, que es elegido democráticamente por niños, niñas y adolescentes que son atendidos en los diferentes programas del Servicio de Protección en todo Chile. Además, existen consejos regionales con representantes en cada región del país. Su objetivo es asesorar, directamente a la autoridad en materias de políticas públicas y protección integral. Este Consejo tiene reuniones periódicas, a nivel nacional y regional, en las que, muchas veces me invitan a participar y también a las y los directores regionales. En estas instancias, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes levantan necesidades, inquietudes y propuestas, las que son canalizadas a través de nuestra Unidad de Participación. Esta unidad está encargada de organizar instancias de participación en diferentes comunas del país, no solo para el consejo, sino que para todos los niños, niñas y adolescentes que son atendidos en la red de protección. El estudio que realizamos este año sobre participación de niños y adolescentes, de 12 a 18 años, en programas ambulatorios, dio cuenta que más del 95% sentía que su voz era escuchada y considerada para el diseño de sus intervenciones.

Paralelamente hemos trabajado en distintos instrumentos de investigación -como encuestas de bienestar y tránsito a la vida independiente- para recoger opiniones de manera más masiva.

6. Chile presenta realidades muy distintas entre comunas y regiones, lo que implica que la protección infantil no puede abordarse desde una lógica homogénea. La gestión territorial aparece como un factor clave para asegurar equidad y pertinencia en la intervención. ¿De qué manera el Servicio de Protección adapta su labor a las particularidades regionales y territoriales? ¿Existen estrategias diferenciadas para zonas rurales, comunidades indígenas o sectores con menor acceso a servicios?

Tenemos muy claro que todos los territorios son distintos y que no se puede abordar la desprotección con una sola estrategia a nivel nacional. Por ejemplo, en la zona norte del país tenemos un desafío importante asociado a la migración, en otras regiones hay otros determinantes de la desprotección y el ingreso a residencias, o por ejemplo en la zona centro sur del país tenemos mayor cantidad de familias de acogida. Desde ese diagnóstico, hemos diseñado una estrategia de implementación gradual de los nuevos programas ambulatorios. Este proceso iniciará en 2026, en las regiones de Ñuble y La Araucanía. Esto busca ir implementando los nuevos programas de acuerdo a la realidad de cada región, con espacio para realizar un buen análisis y estudio de cada territorio y sus características.