Alejandra Mohor: “La normativa traza una línea clara en la no suplantación de funciones policiales”

Por Elke von Loebenstein, Subdirectora Diario Constitucional

La reciente publicación de la Ley de Seguridad Municipal constituye un hito relevante para el rol de los municipios en la seguridad pública en Chile. En el marco de su próxima entrada en vigencia y de su implementación progresiva, ya se han activado instancias de coordinación entre instituciones como Carabineros, la Policía de Investigaciones y autoridades locales.

Su puesta en marcha abre desafíos relevantes para los municipios, especialmente en materia de capacidades institucionales, articulación intersectorial y desarrollo de estrategias preventivas basadas en evidencia.

En este contexto, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, analiza los principales alcances de la nueva normativa, sus implicancias para la gestión local y los desafíos que plantea para el fortalecimiento de capacidades en los equipos municipales.

Rol coavyudante

¿Cuáles son los principales puntos de la Ley de Seguridad Municipal que afectan directamente la gestión local?

La ley reafirma el rol de las municipalidades en seguridad, ya presente en marcos previos como los consejos y planes comunales. Este rol se sitúa principalmente en la prevención del delito, reconociendo una función coadyuvante dentro del sistema, pero manteniendo un carácter eminentemente preventivo, tanto en su dimensión social como situacional.

Además, la normativa ordena una realidad preexistente, la de funcionarios municipales que ya cumplían labores en seguridad. En ese marco, regula la figura de inspectores e inspectoras, estableciendo requisitos y precisando que su rol no se limita al apoyo a la fuerza pública, sino que también incorpora una dimensión clave de vinculación y atención a la ciudadanía.

Con la formalización del rol coadyuvante, ¿dónde debiera trazarse la “línea roja” con las atribuciones policiales?

Se trata de un rol secundario y complementario. La ley es clara en que los municipios no pueden asumir funciones exclusivas de las policías, especialmente aquellas vinculadas al uso de la fuerza. Aunque se contemplan mecanismos disuasivos menos letales, estos son subordinados a su función principal, que es preventiva y de vínculo con la comunidad.

Así, se establece una línea clara de no suplantación de funciones policiales. El desafío está en asegurar mecanismos de control efectivos que resguarden su cumplimiento en la práctica.

Redefiniciones y academia

El nuevo estándar redefine el patrullaje. ¿Cómo cambia el perfil del inspector municipal?

La ley busca desplazar el foco desde la vigilancia hacia un rol de cercanía, acompañamiento y atención a la comunidad. Esto implica reconocer que sus funciones no se limitan al control, sino que incluyen asistencia, promoción y trabajo territorial.

Para ello, se requieren nuevas competencias. Entre las más urgentes están la gestión de conflictos y la capacidad de diálogo, claves para un rol preventivo. También es fundamental fortalecer habilidades para trabajar con comunidades y levantar información de manera participativa.

A esto se suma la necesidad de incorporar un enfoque de derechos humanos, particularmente en materia de no discriminación y trato justo. Finalmente, en caso de uso de dispositivos disuasivos, no solo se requiere manejo técnico, sino también criterio para determinar cuándo y cómo utilizarlos.

La gestión provisional de bienes incautados al narcotráfico abre nuevas posibilidades. ¿Qué implica esto para el rol municipal?

Esta medida permite avanzar en un ámbito poco desarrollado en Chile: la reparación. Destinar bienes incautados a comunidades afectadas puede contribuir a reconstruir lazos sociales y fortalecer la confianza en territorios impactados por la criminalidad.

Para ello, será clave una adecuada planificación y una estrategia preventiva integral. Muchos municipios ya desarrollan iniciativas sociocomunitarias valiosas, y este instrumento podría potenciar ese tipo de acciones.

¿Qué capacidades son más urgentes y qué rol ha jugado el CESC en este ámbito?

El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana cuenta con una larga trayectoria en formación, investigación y trabajo territorial en prevención del delito a nivel local. Ha contribuido al desarrollo de evidencia, buenas prácticas y al diseño y evaluación de iniciativas en este ámbito.

En esa línea, el Diploma de Postítulo en Gestión Integral de las Políticas en Seguridad Ciudadana a Nivel Local busca fortalecer capacidades desde una perspectiva integral, con énfasis en la coordinación interinstitucional, el trabajo territorial y la toma de decisiones basada en evidencia.