Adriano Hebles: “Las empresas pueden adaptarse a una carga tributaria determinada, pero no a la incertidumbre permanente”

Por Catalina Poza, UDD

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El debate tributario vuelve a ocupar un lugar central en la discusión pública a propósito de las propuestas impulsadas por el candidato presidencial José Antonio Kast, quien ha planteado una serie de modificaciones orientadas a reducir impuestos, incentivar la inversión, promover la reintegración del sistema tributario y fortalecer los mecanismos de cumplimiento y fiscalización.

Las medidas han generado diversas reacciones en el mundo académico, empresarial y político, particularmente por el alcance estructural de algunas de las reformas propuestas y por sus eventuales efectos sobre la inversión, la recaudación fiscal y la certeza jurídica de los contribuyentes.

En este contexto, conversamos con Adriano Hebles Ortiz, académico y especialista en tributación de la Universidad del Desarrollo, quien analiza los principales alcances del proyecto, sus eventuales beneficios y riesgos, así como los desafíos que enfrenta el sistema tributario chileno en materia de estabilidad normativa, fiscalización y desarrollo económico.

1.- Desde su perspectiva, ¿estamos frente a una reconstrucción económica o ante una verdadera redefinición del modelo tributario chileno?

Estamos frente a una reforma estructural del sistema tributario. La reducción de tasas, la reintegración y el intento de simplificar el sistema son cambios relevantes que trascienden una mera agenda de reconstrucción económica.

Ahora bien, el principal desafío es la estabilidad de las reglas del juego. Hemos vivido más de una década de modificaciones tributarias sucesivas y eso ha generado un costo importante en términos de cumplimiento, planificación e inversión. Más allá de la orientación política de cada gobierno, el desafío debería ser construir un sistema más estable, que entregue certezas a los contribuyentes y permita tomar decisiones de largo plazo.

Recordemos que antes los Presidentes duraban seis años en sus funciones y hoy duran cuatro. Es un hecho que cada Presidente llega con una reforma estructural distinta, lo que genera inestabilidad.

2.- Uno de los ejes centrales del plan es la reducción del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23%. ¿Esta medida realmente puede reactivar la inversión o estamos frente a una rebaja que beneficiará principalmente a grandes empresas?

Toda empresa evalúa la carga tributaria al momento de invertir. Por lo mismo, una rebaja del impuesto corporativo debería mejorar el flujo disponible para reinversión y aumentar la rentabilidad esperada de los proyectos.

Sin embargo, el efecto real dependerá mucho del contexto. En mi experiencia, especialmente en pymes y empresas familiares, el principal problema hoy no es únicamente la tasa de impuestos, sino la incertidumbre respecto de las reglas futuras.

Por eso, una rebaja puede ser una buena señal, pero su impacto será mayor si viene acompañada de estabilidad regulatoria y certezas para invertir a largo plazo. Las empresas más grandes tienen más herramientas para adaptarse a los cambios normativos; las medianas y familiares, en cambio, suelen verse mucho más afectadas por la incertidumbre.

3.- Entre quienes apoyan la reintegración hablan de incentivar la inversión y corregir inequidades; quienes la critican sostienen que favorece principalmente a contribuyentes de altos ingresos. ¿Cuál cree usted que es la lectura correcta?

Creo que es importante recordar por qué se abandonó la integración total. El antiguo sistema basado en el FUT generó espacios para ciertos abusos, como los retiros en exceso, las utilidades reinvertidas indefinidamente y otras estructuras que llevaron a que muchas veces se instalara la percepción de que grandes patrimonios podían diferir el pago de impuestos durante largos períodos.

Por eso, la discusión no puede ser simplemente volver al sistema anterior sin correcciones.

Dicho eso, tampoco me parece que el sistema actual cumpla adecuadamente el objetivo de fomentar la reinversión. Hoy existen mecanismos que la incentivan, pero son limitados y tienen topes que, en la práctica, reducen considerablemente su impacto.

En muchas empresas medianas y familiares, el patrimonio de la empresa y el proyecto de vida de sus dueños están estrechamente vinculados. Cuando las utilidades son retiradas terminan enfrentando una carga efectiva que puede llegar al 44,45%, lo que ciertamente abre un espacio legítimo para discutir si el sistema está logrando el equilibrio adecuado.

Por eso, una reintegración total podría ser una buena alternativa, siempre que venga acompañada de resguardos que eviten reproducir los problemas observados en el pasado. El desafío es incentivar la reinversión sin volver a los abusos que justificaron, para algunos, su eliminación.

4.- El proyecto propone un sistema extraordinario para declarar bienes en el extranjero con tasas preferenciales. Jurídicamente, ¿esto puede considerarse una regularización legítima o estamos frente a un nuevo “perdonazo tributario”?

Desde un punto de vista técnico, estamos frente a una especie de regularización extraordinaria que inevitablemente tiene elementos de un “perdonazo”, porque lo normal es que las rentas e inversiones mantenidas en el extranjero hayan sido declaradas oportunamente.

Sin embargo, también hay que observar la finalidad de la medida. Si el objetivo es recaudar recursos extraordinarios para financiar la reconstrucción y aumentar la base de contribuyentes cumplidores, puede constituir una herramienta legítima de política pública.

El problema surge cuando estos mecanismos dejan de ser excepcionales y comienzan a repetirse en distintas reformas tributarias. En ese escenario, la señal para los contribuyentes cumplidores puede ser compleja, porque parece premiarse a quienes regularizan tardíamente por sobre quienes siempre han cumplido sus obligaciones.

Por lo mismo, creo que puede ser una herramienta útil para obtener recursos y transparentar patrimonios, pero debe mantenerse como una medida verdaderamente excepcional y no transformarse en una práctica recurrente, que es lo que está ocurriendo en los hechos.

5.- En un contexto donde el Estado busca fortalecer la eficiencia recaudatoria sin aumentar significativamente la carga tributaria, ¿cree que la ampliación de facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos logra un equilibrio adecuado entre control tributario, certeza jurídica y derechos del contribuyente?

Creo que las medidas de cumplimiento incorporadas en el proyecto del Presidente Kast avanzan en una dirección razonable.

De hecho, la reforma de cumplimiento impulsada por el gobierno anterior, que hoy ya es ley vigente, representó un avance importante en materia de fiscalización, aunque no haya cumplido completamente con las expectativas de recaudación.

No es razonable que quienes soportan los costos de formalizarse, llevar contabilidad, presentar declaraciones y pagar impuestos deban competir con quienes desarrollan actividades económicas al margen del sistema.

Desde esa perspectiva, fortalecer el cumplimiento contribuye a reducir espacios de informalidad y competencia desleal.

Ahora bien, el desafío actual es reconocer que cumplir se ha vuelto cada vez más complejo y costoso, principalmente por la incertidumbre normativa y los continuos cambios que ha experimentado el sistema tributario durante los últimos años.

Los costos de cumplimiento tributario —asesorías, planificaciones y adaptación a nuevas reglas— han pasado a transformarse en una especie de impuesto invisible.

6.- Si tuviera que resumir este proyecto en una sola frase, ¿cómo definiría el momento tributario que está viviendo Chile?

Creo que uno de los principales desafíos del sistema tributario actual es la incertidumbre que generan los cambios permanentes de las reglas.

Hoy convivimos con distintos regímenes tributarios, tasas transitorias y mecanismos que podrían modificarse nuevamente si prospera el proyecto actualmente en discusión.

Eso tiene efectos muy concretos en la toma de decisiones. Un empresario puede preguntarse legítimamente si le conviene retirar utilidades hoy o esperar una eventual integración total; si debe vender o adquirir un inmueble ahora o postergar esa decisión; o si es mejor repatriar inversiones desde el extranjero bajo las reglas actuales o esperar un nuevo régimen.

Por eso, más allá de si una reforma es buena o mala, la estabilidad de las reglas también tiene valor económico. Las empresas pueden adaptarse a una carga tributaria determinada, pero les resulta mucho más difícil planificar cuando no tienen claridad respecto de cuál será el sistema aplicable en los próximos años.