“Estado en quiebra”: Contraloría ordena investigar publicaciones cuestionadas de la SEGEGOB

La Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno a adoptar medidas para evitar publicaciones institucionales “imprecisas” que puedan generar confusión en la ciudadanía, a raíz de publicaciones asociadas a la campaña “Plan Chile Sale Adelante” en las que se hacía referencia a un supuesto “Estado en quiebra” o “Estado quebrado”. Además, ordenó iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron en la elaboración y difusión de dichos mensajes.

El pronunciamiento se originó a partir de presentaciones efectuadas por diputados, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados y diversas personas, quienes denunciaron que distintas autoridades del Poder Ejecutivo —especialmente la SEGEGOB— habrían vulnerado los principios de probidad administrativa y prescindencia política al utilizar expresiones alarmistas en redes sociales institucionales.

En su informe ante la Contraloría, la cartera ministerial sostuvo que las expresiones cuestionadas fueron utilizadas en un sentido cotidiano y en el contexto de informar medidas relacionadas con ahorro fiscal, contención del gasto y modificaciones al mecanismo de estabilización del precio de los combustibles (MEPCO). No obstante, reconoció que el lenguaje empleado “puede no haberse ajustado cabalmente al estándar de moderación y mesura” exigido a las autoridades públicas, razón por la cual eliminó la publicación cuestionada y afirmó que procurará evitar expresiones que puedan generar confusión en futuras comunicaciones institucionales.

Al analizar el caso, el órgano contralor recordó que todos los órganos del Estado y sus funcionarios deben actuar conforme a los principios de juridicidad, probidad y transparencia. Asimismo, reiteró que las redes sociales institucionales sólo pueden utilizarse para informar materias relacionadas con el cumplimiento de las funciones públicas y el acceso ciudadano a información relevante, por lo que las autoridades no pueden emplear recursos o plataformas estatales para realizar actividades de carácter político o difundir mensajes ajenos a los fines institucionales del respectivo organismo.

Asimismo, el dictamen precisó que el Ministerio Secretaría General de Gobierno sí posee facultades legales para desarrollar labores comunicacionales y utilizar redes sociales para informar a la ciudadanía sobre políticas públicas, programas o medidas gubernamentales. Sin embargo, enfatizó que dichas comunicaciones deben ajustarse a estándares de veracidad, moderación y precisión, especialmente cuando se utilizan conceptos que puedan inducir interpretaciones erróneas o generar alarma pública.

En esa línea, la Contraloría sostuvo que, si bien la SEGEGOB acompañó antecedentes relativos a endeudamiento fiscal y gasto público para justificar el contenido de la publicación, no aportó elementos suficientes que permitieran respaldar “fáctica y técnicamente” las expresiones específicas utilizadas, como la idea de un “Estado quebrado”. Añadió que la propia autoridad reconoció que el mensaje no se ajustó plenamente al estándar exigido para el ejercicio de la función pública.

Finalmente, el ente fiscalizador instruyó a la repartición adoptar medidas para evitar nuevas publicaciones imprecisas y ordenó iniciar un proceso disciplinario destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en la elaboración y difusión de los mensajes cuestionados.

Vea Dictamen D254N26 de la CGR.