Universidades estatales y ataduras burocráticas

Recientemente se ha verificado la primera vuelta para elegir rector(a) de la Universidad de Chile. En esta instancia, los cuatro candidatos al sillón de Bello dieron cuenta de la importancia de reducir la actual burocracia administrativa que posee esta casa de estudios superiores, la cual difiere significativamente de la de cualquier institución privada.

En efecto, la Fiscalía Nacional Económica, en su “Estudio de Mercado sobre la Educación Superior” (EM09-2024), indica la excepcionalidad dentro del ordenamiento jurídico chileno de ser a la vez servicio público y competidor frente a otros agentes económicos. Así, estas universidades cumplen un rol público esencial, pero igualmente, deben competir con instituciones privadas que carecen de iguales cargas regulatorias y administrativas.

Aquello constituye un potente llamado de atención, considerando las enormes complejidades que reviste tratar a una universidad estatal como si fuese un servicio público convencional para el cumplimiento de la función pública, bajo un esquema de burocracia monopolista. La cantidad de recursos públicos que se pierden por esta situación hace del todo necesario avanzar hacia un trato diferenciado para las universidades del Estado, de modo que puedan competir en igualdad de condiciones con las instituciones privadas, considerando, además, que son permanentemente comparadas con instituciones extranjeras que poseen modelos de gestión interna muchísimo más flexibles.

Reducir la burocracia innecesaria en este caso es un beneficio compartido por donde se mire. Por una parte, las universidades del Estado optimizarían sus recursos y ocuparían esos fondos adicionales en sus funciones universitarias; flexibilizarían la gestión administrativa en todo ámbito; y, con ello, mejorarían sus métricas internacionales, aumentando así el prestigio del sistema de educación superior chileno.

Daniel Burgos Bravo

Profesor Adjunto

Universidad de Chile