Una oportunidad perdida

A comienzos de mayo de este año se inició la tramitación legislativa del proyecto de ley que establece sanciones para las acusaciones, denuncias o querellas falsas (Boletín N.° 18.239-36). La finalidad de la iniciativa es, en principio, difícil de cuestionar: proteger a quienes son injustamente sometidos a un proceso penal o disciplinario a partir de imputaciones deliberadamente falsas.

Sin embargo, una buena intención no basta para justificar una buena ley. Así lo advirtió la Excma. Corte Suprema en su Oficio N.° 138-2026, de 8 de junio de 2026, mediante un informe crítico que cuestionó diversos aspectos técnicos del proyecto. Más allá de esas observaciones, existe un problema de fondo que merece especial atención: la discusión legislativa dejó pasar una valiosa oportunidad para perfeccionar una herramienta jurídica que nuestro ordenamiento ya contempla.

El artículo 211 del Código Penal sanciona a quien, de manera maliciosa, presenta una denuncia imputando falsamente a otra persona un hecho determinado constitutivo de delito, infracción administrativa o infracción disciplinaria. No se trata, por tanto, de una materia huérfana de regulación ni de un vacío legal que exigiera necesariamente la creación de un nuevo estatuto sancionatorio.

De hecho, esta disposición fue objeto de una profunda revisión legislativa con ocasión de la Ley N.° 21.592, publicada en agosto de 2023. Su discusión se extendió por cerca de tres años y tuvo su origen en un mensaje presidencial presentado el 13 de marzo de 2020 por el entonces presidente Sebastián Piñera, cuyo propósito era fortalecer la protección de los denunciantes de buena fe. Precisamente para otorgar seriedad y equilibrio a ese sistema de protección, el legislador revisó y modificó el delito de denuncia calumniosa, dando origen a la regulación actualmente vigente.

Resulta llamativo, entonces, que el nuevo proyecto prácticamente prescinda de esa experiencia legislativa. En lugar de aprovechar el trabajo ya realizado, evaluar el funcionamiento del artículo 211 y proponer las modificaciones que se estimaran necesarias, se optó por impulsar una iniciativa paralela, cuya técnica legislativa ha sido ampliamente cuestionada y que corre el riesgo de generar problemas de interpretación y aplicación.

Las reformas penales requieren algo más que buenas intenciones. Exigen coherencia, conocimiento del sistema jurídico y respeto por el trabajo legislativo previamente desarrollado. Cuando ya existe una regulación sobre una determinada materia, el punto de partida debería ser perfeccionarla, no ignorarla.

Por ello, el proyecto termina representando una oportunidad perdida. No porque sea ilegítimo buscar una mejor protección frente a las denuncias falsas, sino porque esa discusión pudo haberse construido sobre la experiencia acumulada durante años de debate legislativo en torno al artículo 211 del Código Penal. Una legislación penal de calidad no se consigue multiplicando normas, sino mejorando las que ya existen cuando la evidencia demuestra que ello es necesario.

José Pablo Gómez

Abogado penalista

Salas Stevens Abogados