Un resentimiento inextinguible

Fue lo que pensé al ver la forma en que un senador socialista interpeló al ministro de Defensa Nacional, autoridad que concurrió al Parlamento en virtud de su cargo, días atrás.

Apartándose del propósito de la concurrencia, este parlamentario le reprochó en duros términos unas recientes declaraciones referidas a las penas que cumplen personas de avanzada edad y deteriorada salud física y mental las que, no se apartaban mayormente del proyecto de penas alternativas ya aprobado en un primer trámite.

Este mediático parlamentario ya había postulado como método para hacerlo inviable la formulación de todas las indicaciones que pudiera presentar la oposición, poniendo en evidencia que no comparte en absoluto el sentido humanitario de la iniciativa.

Sumó en esta ocasión en forma larga y reiterativa la descalificación del ministro, entre otras cosas por haber defendido profesionalmente, como abogado, a un “asesino y torturador”, refiriéndose así, sin nombrarlo, al expresidente Pinochet.

Ni el juez Garzón se atrevió a tanto que yo recuerde ya que es distinto atribuir responsabilidades por acción de subordinados o por omisión al no reprimirlos a formular graves acusaciones por delitos no probados ante tribunales.

Pero pareciera que el senador está decidido a llevarse su resentimiento a la tumba, haciendo oídos sordos a los llamados a la reconciliación nuevamente formulados por la señora María Alicia Ruiz -Tagle Orrego quien, al igual que él, sufrió agravios, pero ha optado por “guardar los dolores profundo en el corazón”.

No se trata de perdonar, decisión que en lo personal puede ser muy difícil, ni olvidar, pero sí comprometerse a “transitar por un camino de paz que acabe con el odio y la venganza, que son la triste herencia que les estamos dejando a nuestros hijos y nietos”.

¿Está en esa línea el reciente homenaje que el Museo de la Memoria y Derechos Humanos ha rendido a un conjunto de jueces que se han distinguido por prevaricar, sentenciando contra leyes expresas?

No lo creo y, por ello, siento la obligación de mencionar al ministro Nibaldo Segura, ya que, al enterarme de su lamentable fallecimiento, he recordado la forma ponderada, ecuánime e imparcial con que presidió años atrás la sala penal de la Corte Suprema.

Otros ministros, al igual que él, aplicaron la ley vigente y lograron morigerar los ímpetus condenatorios de los jueces de primera y segunda instancia. Nunca fueron mayoría, pero evitaron los excesos posteriores. Otros tiempos.

Quizás si sus predicamentos hubieran prevalecido no seguiríamos entrampados ad aeternumen esta espiral en que todo parece insuficiente para personas como el aludido senador*.*No bastarían las numerosas y duras condenas, hay que transformarlas en perpetuas por la vía de negar cualquier beneficio o medida humanitaria.

Volviendo a la sesión en el Parlamento, pareciera que el senador asume que todos quienes están en prisión mantienen información sobre personas desaparecidas, los secuestrados permanentes según la ficción jurídica usada para condenar por el juez Alejandro Solís, pero, tampoco ha sido posible, por cerrada oposición de los habituales querellantes, aprobar medidas de colaboración eficaz, insistiendo en cambio que quien posea información la entregue y afronte dura y segura condena.

Años atrás, leyendo un voluminoso expediente, concluí que en él existían suficientes testimonios y evidencias como para acusar derechamente a autores intelectuales y materiales por homicidio calificado, pero el ministro de fuero optó por aplicar la teoría que indicaba que las personas que fueron detenidas en1973 seguían secuestradas treinta años después, negándose tercamente a establecer en su fallo la verdad de lo sucedido que, incluso, estaba respaldada por investigaciones periodísticas que fueron ignoradas deliberadamente.

¿Es eso razonable?

Humberto Julio Reyes