¿Quién sostiene la salud cuando el Estado retrocede?

En Chile, hablar de recortes en salud nunca es solamente hablar de números. No son cifras abstractas ni simples decisiones administrativas tomadas desde una planilla Excel. Detrás de cada disminución presupuestaria existen personas que esperan una atención médica, un diagnóstico oportuno o un tratamiento que muchas veces define su calidad de vida. Y dentro de ese escenario, las mujeres vuelven a cargar con el peso más silencioso y menos visibilizado de la crisis.

Los recientes recortes en salud no afectan a todos por igual. Impactan con mayor dureza a quienes históricamente han sostenido el sistema de cuidados, a quienes enfrentan mayores barreras económicas y a quienes dependen de una atención pública eficiente para ejercer derechos básicos. En Chile, esas personas tienen mayoritariamente rostro de mujer.

La discusión pública suele centrarse en listas de espera, déficit hospitalario o falta de especialistas. Sin embargo, rara vez se analiza cómo estas deficiencias golpean particularmente la salud femenina. La reducción de recursos destinados a programas preventivos, atención primaria o salud mental no es neutra. Tiene consecuencias concretas sobre mujeres que esperan controles ginecológicos, acceso a anticonceptivos, tratamientos hormonales, exámenes preventivos de cáncer o apoyo psicológico en contextos de violencia, maternidad o sobrecarga laboral.

Cuando el Estado reduce presupuesto en salud, las mujeres terminan absorbiendo el costo de aquello que el sistema deja de cubrir. Son ellas quienes postergan consultas médicas para priorizar a sus hijos, quienes abandonan tratamientos por falta de tiempo o dinero y quienes asumen el rol de cuidadoras cuando un familiar enferma. El recorte no solo precariza el acceso a la atención; también profundiza una desigualdad estructural que durante años ha sido normalizada.

La situación se vuelve aún más grave al observar el impacto en la salud mental. Chile atraviesa una crisis silenciosa en esta materia y las mujeres aparecen dentro de los grupos más afectados por ansiedad, depresión y estrés crónico. Aun así, la respuesta institucional continúa siendo insuficiente. La disminución de recursos destinados a atención psicológica o acompañamiento integral no solamente limita prestaciones médicas: abandona emocionalmente a miles de mujeres que viven agotadas entre jornadas laborales, tareas domésticas y responsabilidades de cuidado que el Estado sigue tratando como asuntos privados.

Pero existe otra dimensión que pocas veces entra en la discusión pública: las mujeres no solo son pacientes dentro del sistema de salud, también son quienes lo sostienen. Los recortes afectan directamente a TENS, enfermeras, funcionarias de atención primaria, cuidadoras y trabajadoras sanitarias que enfrentan condiciones laborales cada vez más precarias. Jornadas extenuantes, falta de personal, sobrecarga emocional y remuneraciones insuficientes se transforman en parte de una rutina normalizada bajo el discurso de la austeridad.

Mientras el sistema colapsa, son precisamente ellas quienes contienen a pacientes, enfrentan agresiones, cubren turnos imposibles y compensan con trabajo invisible aquello que el Estado deja de garantizar. La romantización de la vocación de servicio ha servido durante años para justificar el abandono institucional hacia mujeres que sostienen hospitales, CESFAM y centros de cuidado a costa de su propia salud física y mental.

La figura de la cuidadora también merece especial atención. En Chile, el trabajo de cuidados continúa recayendo desproporcionadamente sobre mujeres, muchas veces sin remuneración, apoyo estatal ni reconocimiento jurídico suficiente. Cuando existen menos horas médicas, menos tratamientos disponibles o más dificultades para acceder a atención especializada, son ellas quienes absorben las consecuencias dentro de sus hogares. El recorte presupuestario no termina en el hospital; se traslada directamente al espacio doméstico y profundiza una carga que históricamente ha sido invisibilizada.

Resulta imposible ignorar además el efecto que estas decisiones tienen sobre mujeres de sectores vulnerables. Mientras quienes poseen mayores recursos económicos pueden acudir al sistema privado, las mujeres que dependen exclusivamente de la salud pública quedan atrapadas en esperas interminables y prestaciones insuficientes. La desigualdad territorial también agrava el problema. En regiones, la falta de especialistas y centros médicos adecuados transforma el acceso a la salud en un privilegio y no en un derecho garantizado.

Desde una perspectiva constitucional, el problema es aún más profundo. El derecho a la protección de la salud no puede entenderse únicamente como la existencia formal de prestaciones médicas. Implica también garantizar condiciones reales y efectivas de acceso oportuno, digno e igualitario. Cuando las políticas públicas reducen recursos esenciales sin considerar su impacto diferenciado en grupos históricamente vulnerables, el principio de igualdad ante la ley deja de ser una garantía concreta y pasa a convertirse en una promesa vacía.

En un país donde constantemente se exige a las mujeres sostener emocional, económica y físicamente a sus familias, resulta contradictorio que el Estado retroceda precisamente en aquellas áreas que permiten protegerlas. No existe desarrollo social posible cuando la salud femenina continúa siendo tratada como un gasto prescindible y no como una prioridad pública.

Los recortes en salud no son solamente una discusión presupuestaria. Son una decisión política sobre quién puede esperar, quién puede enfermar y quién debe cargar con el costo del abandono estatal. Y hoy, nuevamente, son las mujeres quienes están pagando el precio más alto de esa decisión.

Porque cuando el Estado reduce recursos en salud, no solo se retrasan tratamientos o aumentan listas de espera. También se precariza a quienes cuidan, se agota a quienes sostienen el sistema y se abandona silenciosamente a miles de mujeres cuya salud parece seguir siendo considerada secundaria.

La verdadera pregunta es cuánto más puede exigirse a las mujeres sostener un sistema que, cada vez que entra en crisis, decide sacrificarlas primero.

Camila Torrejón Díaz

Estudiante Derecho UNAB

Fundadora y Presidenta del Centro LEGIS FEM

Secretaria General Observatorio Iuris Mundi