Prohibir teléfonos en las escuelas: un parche sobre la herida estructural

En las últimas semanas ha vuelto a ganar protagonismo la discusión pública sobre la ley que prohíbe uso de celulares en todos los niveles educativos. La cual, según aclaró recientemente el Ministro de Educación, también incluye a docentes. La medida ha sido defendida bajo una premisa aparentemente evidente. Los celulares distraen y, por lo tanto, deben ser excluidos del aula. Sin embargo, esta explicación simplifica en exceso un fenómeno complejo y desplaza la atención desde las condiciones estructurales del sistema educativo hacia un único objeto tecnológico.

Atribuir la distracción al celular supone asumir una relación causal directa entre dispositivo y bajo rendimiento. Esta lectura ignora factores ampliamente documentados que inciden en la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Entre ellos se encuentra la sobrecarga curricular, que fragmenta el tiempo pedagógico en múltiples objetivos difíciles de profundizar. También influye la lógica contenidista que privilegia la cobertura por sobre la comprensión. A ello se suma la realidad de aulas con una cantidad elevada de estudiantes por curso, lo que dificulta el acompañamiento personalizado, reduce las posibilidades de interacción significativa y tensiona la gestión del grupo. En ese contexto, sostener la atención de manera homogénea se vuelve una tarea estructuralmente compleja, incluso sin teléfonos de por medio.

La literatura educativa muestra que la distracción no es un fenómeno monocausal. Está asociada a la organización del trabajo escolar, al tipo de tareas propuestas, al nivel de involucramiento que generan y a las condiciones materiales en que se desarrollan. Cuando las clases se estructuran principalmente en exposiciones unidireccionales y tiempos extensos de escucha pasiva, cualquier estímulo alternativo puede captar la atención. El problema, entonces, no es el dispositivo en sí, sino la debilidad de ciertas propuestas pedagógicas para sostener el interés y la participación.

La investigación en tecnología educativa ha sido consistente en señalar que la tecnología no posee un efecto intrínsecamente positivo o negativo. Su impacto depende de la mediación pedagógica. Cuando el uso de dispositivos móviles se integra con objetivos claros, actividades estructuradas y criterios de evaluación pertinentes, puede ampliar el acceso a información, favorecer el trabajo colaborativo, estimular la producción multimodal y fortalecer habilidades de pensamiento crítico. En cambio, cuando se incorpora sin orientación ni regulación, puede efectivamente convertirse en un distractor. La diferencia no radica en el objeto, sino en el marco didáctico que lo orienta.

Prohibir el celular elimina la posibilidad de desarrollar competencias fundamentales en alfabetización digital. En una sociedad donde la interacción tecnológica es constitutiva de la vida social, cultural y laboral, formar estudiantes que sepan gestionar su atención, evaluar fuentes, producir contenidos responsables y regular su uso de dispositivos es una tarea educativa central. Sustraer la tecnología del espacio escolar no resuelve el problema del uso inadecuado, sino que posterga el aprendizaje de su manejo crítico.

La inclusión de docentes en la prohibición introduce una dificultad adicional. La autoridad profesional del profesorado se basa en su capacidad de decidir, dentro de marcos curriculares y normativos, las estrategias más adecuadas para promover el aprendizaje. Impedir el uso de dispositivos también para ellos transmite una señal de desconfianza y limita la posibilidad de innovación pedagógica basada en evidencia. Además, homologa responsabilidades que no son equivalentes. El rol docente implica precisamente la mediación y regulación del entorno de aprendizaje, incluida la tecnología.

Este enfoque normativo adquiere mayor problematicidad cuando se considera la precariedad histórica del sistema educativo chileno. Diversos estudios han documentado desigualdades de infraestructura, brechas de recursos entre establecimientos, sobrecarga laboral docente y escasez de apoyos especializados. En ese escenario, focalizar el debate público en un objeto tecnológico puede operar como un desplazamiento simbólico. Se instala la idea de que el problema es la distracción individual, en lugar de reconocer limitaciones estructurales que afectan la calidad de la experiencia educativa.

Si el objetivo es mejorar la atención y el aprendizaje, la política pública debería orientarse hacia el fortalecimiento de condiciones estructurales. Reducir la sobrecarga curricular, favorecer metodologías activas, ajustar el número de estudiantes por aula, ampliar tiempos de planificación docente y promover formación específica en integración tecnológica son estrategias con mayor respaldo empírico que una prohibición generalizada. La regulación puede ser necesaria en determinados contextos, pero difícilmente puede constituir la única respuesta.

La tecnología plantea desafíos reales. Puede amplificar desigualdades, generar dependencia o dispersión si no existe una orientación adecuada. Sin embargo, también ofrece oportunidades significativas cuando se inserta en un proyecto pedagógico sólido. La pregunta relevante no es si el celular debe estar o no en la escuela, sino bajo qué condiciones su uso contribuye al aprendizaje y cómo formar sujetos capaces de ejercer autonomía en entornos digitales.

La medida recientemente parece optar por una solución visible y de implementación inmediata. No obstante, su eficacia dependerá menos de la ausencia de teléfonos que de la capacidad del sistema educativo para enfrentar sus propias tensiones estructurales. Sin una transformación de esas condiciones, la distracción no desaparecerá. Solo cambiará de forma.

Cristopher Yáñez-Urbina

Doctor en Psicología

Académico de la Facultad de Psicología de la Universidad UNIACC