Podar las raíces desde la capital: El destierro fiscal de las juventudes regionales

El reciente decreto del Ministerio de Hacienda, que oficializa un recorte superior a los 3.800 millones de pesos al presupuesto 2026 del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), esconde tras la frialdad de las cifras una preocupante declaración de principios políticos.

Desde la óptica del Derecho y la garantía de derechos fundamentales, las juventudes son sujetos de derecho, no variables de ajuste macroeconómico. Reducir drásticamente áreas vitales como los gastos en personal y transferencias corrientes, golpeando de lleno a programas de contención y salud como «Hablemos de Todo» y al Observatorio de Juventud, vulnera el principio de no regresividad en materia de derechos sociales. El Estado chileno retrocede allí donde la evidencia y la urgencia exigen avanzar.

Esta decisión refleja, además, una profunda miopía frente al mandato de descentralización. Un recorte de más de 3 mil millones en gastos de personal se traduce, en la práctica, en el desmantelamiento de la presencia del INJUV en los territorios. Visto desde las regiones, esto no es austeridad fiscal; es el abandono del Estado a las realidades locales, restando oportunidades de participación cívica y apoyo integral a miles de jóvenes fuera de la capital.

Hacer política pública con enfoque de derechos humanos exige que el presupuesto sea el reflejo de las prioridades del Estado. Hoy, el Ministerio de Hacienda nos notifica que el desarrollo, la salud mental y la participación de las juventudes no son una prioridad. Es imperativo que el Gobierno revierta esta medida y asuma que el costo de marginar a las nuevas generaciones siempre será infinitamente mayor a cualquier ahorro fiscal de corto plazo.

Álvaro González Silva

Presidente del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC)

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)