¿Justicia, venganza o castigo eterno?

Lo que en Chile se presenta como justicia en causas de derechos humanos se ha ido transformando en una maquinaria implacable, ideologizada y deshumanizada. Ya no se trata de perseguir delitos —ni siquiera de esclarecer la verdad—, sino de sostener, a cualquier costo, un relato político. Uno que ha pasado de apuntar a exuniformados a intentar neutralizar y deslegitimar a los actuales integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, mediante acusaciones construidas, procedimientos dudosos y condenas mediáticas anticipadas.

El caso del carabinero Sebastián Zamora, acusado injustamente en el contexto del llamado caso Puente Pío Nono —y finalmente absuelto de manera definitiva— evidencia el nivel de ensañamiento al que puede llegar un sistema que busca culpables simbólicos, no verdades jurídicas. Años de persecución pública, suspensión laboral y desgaste institucional solo para confirmar lo que debió haberse resuelto en semanas: su inocencia.

Lo mismo ocurre con las denuncias recientes desde Temuco, donde incluso un diputado ha solicitado información al INDH sobre falsas víctimas del estallido social que habrían recibido pensiones de gracia y respaldo jurídico, a pesar de que los hechos denunciados carecen de veracidad o fueron descartados judicialmente. Este tipo de prácticas no solo deslegitima la justicia, sino que también convierte el dolor real en negocio, y el activismo judicial en carrera profesional o política.

¿Hasta cuándo se mantendrá esta ficción judicial? Casos como el del atentado contra Guillermo Farías, víctima de una bomba de ácido en 1986, son igualmente reveladores. Lejos de encontrar justicia, Farías fue ignorado, invisibilizado y presionado para mentir y adaptar su relato a los intereses de la época. Su negativa lo condenó al silencio.

El doble estándar es escandaloso. Se exige “verdad” solo desde una vereda, y al mismo tiempo se impide cualquier revisión de sentencias viciadas, testigos cuestionables o antecedentes jurídicamente insostenibles. Nadie quiere reabrir esos casos, porque implicaría admitir que la justicia chilena falló. Y lo sigue haciendo.

Mientras tanto, los beneficios económicos, ascensos y posicionamientos ideológicos alimentan una maquinaria que no busca justicia, sino venganza y poder. Las recientes declaraciones del expresidente José Mujica y su esposa Lucía Topolansky desde Uruguay lo confirman: hubo testimonios falsos, hubo militantes que mintieron, hubo casos montados. Lo sabían, y aún así no los delataron “por no ser traidores”.

¿Y qué pasa en Chile? ¿No merecen las víctimas del montaje —exuniformados o no— una revisión honesta? ¿No deberían las instituciones de derechos humanos, e incluso la Iglesia Católica, reconocer que no toda causa fue justa, ni toda víctima inocente, ni todo condenado culpable?

Hoy, la sociedad guarda silencio, y parte importante de ella ha normalizado la persecución legal como forma de reparación simbólica, ignorando que se violan principios elementales de la justicia universal: imparcialidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, igualdad ante la ley y garantías procesales mínimas.

Este sistema, lejos de promover justicia, es ya un modelo perverso de castigo eterno, basado en conveniencias ideológicas, réditos económicos y una visión sesgada de la historia, que ha sido blindada judicialmente para no ser revisada jamás.

Pero la historia se encargará de corregir lo que hoy se niega. Y será imperdonable que tantos hayan callado.

Christian Slater E.

Coronel (R) del Ejército de Chile