Inhabilitación ineficaz: falencias en la licencia de conducir electrónica

Como abogado especializado en derecho de tránsito, me dirijo a usted para exponer un problema jurídico relevante que ha surgido con la implementación de la Ley N° 21.601, que establece la licencia de conducir electrónica.

Aunque esta modernización representa un avance importante en la digitalización de trámites públicos, ha revelado una falla grave en la aplicación efectiva de las sanciones de tránsito, específicamente en la suspensión de licencias de conducir.

Según la Ley de Tránsito N° 18.290, la suspensión de licencia es una medida judicial que prohíbe temporalmente al conductor ejercer su derecho a manejar. Esta sanción es fundamental para las infracciones gravísimas del artículo 200, cuyos plazos van de 5 a 45 días según la gravedad del caso.

El problema es el siguiente: cuando el Juzgado de Policía Local dicta sentencia de suspensión, retiene el documento físico, pero el infractor conserva su licencia electrónica. Como no existe comunicación en tiempo real entre los tribunales y el Registro Nacional de Conductores, la licencia digital no refleja inmediatamente la suspensión.

La información se envía al registro mediante oficios, proceso que demora varios días o semanas. Durante este tiempo, el conductor, aunque legalmente inhabilitado, puede mostrar su licencia digital en cualquier control policial, ya que el sistema oficial aún no registra la suspensión.

Esta situación anula completamente la efectividad de la sanción, especialmente en suspensiones de corto plazo, y evidencia una desconexión entre el poder judicial que dicta la sentencia y el poder administrativo que mantiene el registro.

La tecnología de la licencia digital es positiva, pero solo será verdaderamente útil cuando exista un sistema integrado que permita actualizar la información en tiempo real.

Es urgente implementar una plataforma que permita a los tribunales suspender licencias de forma instantánea, tanto en formato físico como digital, desde el momento en que se dicta la sentencia. Solo así se garantizará el cumplimiento de la ley, la credibilidad del sistema judicial y, sobre todo, la seguridad vial.

Leandro Castillo Morales

Abogado

Juzgado de Policía Local Sagrada Familia