Informe sobre la situación y propuestas de mejora del Programa de Defensa Jurídica Integral de Personas Mayores en la Región de La Araucanía

Me dirijo a ustedes en mi calidad de Abogado del Programa (Oficina) de Defensa Jurídica Integral de Personas Mayores de la Corporación de Asistencia Judicial, desempeñando funciones jurídicas en dicho Programa, el cual se ejecuta en la Región de La Araucanía. Asimismo, soy Psicólogo, profesión que me permite comprender integralmente las complejidades de los casos atendidos, aunque en esta instancia mi labor se centra en el ámbito jurídico. El propósito de esta comunicación es informar y poner en conocimiento las condiciones en que se ejecuta el Programa, así como proponer medidas urgentes para su fortalecimiento.

Desde su inicio en el año 2020, el Programa abarca las 32 comunas de la Región de La Araucanía. Contractualmente, el servicio debe patrocinar únicamente la Provincia de Cautín; sin embargo, para garantizar la continuidad y cobertura del servicio, el equipo profesional asiste también a la Provincia de Malleco.

Entre las funciones del Programa destacan:

– Asistencia a casos graves y de violencia intrafamiliar que afectan a personas mayores en toda la Región.

– Atención a casos sociosanitarios de personas mayores ingresadas y abandonadas en hospitales, denunciados por los Servicios de Salud y CESFAM.

– Apoyo a familiares, denunciantes y denunciados en casos judicializados y no judicializados.

– Asistencia a la red institucional (SENAMA, Municipalidades, Servicios de Salud, CESFAM, Centros de Asistencia) en casos de personas mayores víctimas de violencia intrafamiliar y/o abandono.

– Representación judicial de personas mayores víctimas en aproximadamente 15 Tribunales de la Región.

– Representación en casos que involucran personas mayores en situación de discapacidad, lo que implica un cruce jurídico complejo en el acceso a la justicia.

Actualmente, sólo dos funcionarios (un abogado y un asistente social) ejecutan todas estas labores para toda la Región, sin contar con personal administrativo, técnico ni postulantes en práctica. Además, no se dispone de equipos telefónicos institucionales, por lo que la atención se realiza a través de dispositivos personales, lo que limita la calidad y confidencialidad del servicio.

Los casos ingresan principalmente por derivación de los Tribunales de Justicia de la región, quienes remiten los antecedentes vía correo electrónico para que el Programa contacte a las personas mayores víctimas, les brinde asistencia y representación judicial. Sólo en septiembre de 2025 se registraron cerca de 50 casos nuevos con audiencias judiciales agendadas, lo que implica una carga de trabajo considerable para la dupla socio-jurídica.

La atención se realiza exclusivamente desde la ciudad de Temuco, mayormente por vía telemática, utilizando equipos tecnológicos personales debido a la ausencia de recursos institucionales. Esto implica que la asistencia a las personas mayores de las 32 comunas de la región se realiza por teléfono, incluyendo la participación en audiencias judiciales, lo que afecta la calidad y eficacia del servicio.

Esta situación ha afectado gravemente la salud mental y física de los profesionales encargados, produciendo agotamiento profesional (burnout), que se manifiesta en síntomas como fatiga crónica, desmotivación, disminución de la capacidad de concentración, irritabilidad y deterioro en la calidad de la atención brindada. El agotamiento profesional no solo afecta el bienestar de los funcionarios, sino que también pone en riesgo la continuidad y eficacia del servicio que se entrega a las personas mayores víctimas.

Además, los profesionales tienen períodos legales de descanso laboral vencidos y no otorgados. A esto se suma la presión por cumplir con instrucciones estadísticas para adecuar datos y registrar los casos en el sistema estadístico de la Corporación, lo que añade carga administrativa a un equipo ya sobrecargado.

Adicionalmente, existe una solicitud del Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco para informar sobre el funcionamiento del Programa, en particular respecto a la asistencia que se entrega al Tribunal de Familia de Angol, que deriva casos para asistencia psicolegal, sin contar con psicólogos contratados para atender a las personas mayores víctimas.

Los antecedentes aquí expuestos han sido derivados previamente a la Seremi de Justicia, al Director de Acceso a la Justicia de la Corporación de Asistencia Judicial, al Presidente de la República y a las y los Senadores de la República, sin que hasta la fecha se hayan adoptado las medidas necesarias para resolver esta crítica situación.

El aumento progresivo y la gravedad de los casos requieren un análisis formal y la adopción de soluciones prácticas urgentes. Hasta la fecha, no se han implementado las medidas necesarias para cumplir con el compromiso estatal asumido en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La asistencia especializada se realiza mayormente vía telemática, incumpliendo además los Protocolos de Acceso a la Justicia de Personas Mayores de la Excelentísima Corte Suprema.

Con el objeto de mejorar la calidad de la asistencia y garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas mayores víctimas, propongo considerar las siguientes medidas:

Incrementar la dotación profesional con la incorporación de psicólogos/as para el abordaje integral de los casos.

Establecer una triada profesional por Provincia (asistente social, psicólogo/a y abogado/a) para una atención especializada y territorialmente adecuada.

Instalar oficinas con condiciones técnicas mínimas que permitan la atención presencial, garantizando autonomía, independencia, confidencialidad y asistencia universal.

Incorporar postulantes en práctica para apoyar la labor profesional y fomentar la formación especializada.

Incorporar personal administrativo y técnico que permita optimizar la gestión y reducir la carga burocrática sobre el equipo profesional.

Solicito atentamente que esta información sea difundida y considerada para la adopción de medidas concretas por parte del Ministerio de Justicia y las autoridades competentes, quienes hasta ahora han hecho caso omiso a las solicitudes formales presentadas. Es fundamental que las personas mayores víctimas de violencia intrafamiliar y abandono cuenten con mejores espacios y condiciones para ser atendidas en casos graves, garantizando así el respeto y protección de sus derechos.

Los antecedentes han sido judicializados.

Quedo a disposición para ampliar cualquier información que se requiera y colaborar en la búsqueda de soluciones efectivas.

Marcelo Saravia Villegas

Abogado y Psicólogo

Programa Defensa Jurídica Integral de Personas Mayores

Corporación de Asistencia Judicial, Región de La Araucanía