El Estado bajo la lupa: La auditoría forense como imperativo y el desafío del compliance gubernamental

El inicio de un nuevo ciclo presidencial siempre trae consigo redefiniciones estratégicas. Los primeros decretos anunciados por el Presidente Kast este 12 de marzo, que incluyen el despliegue de un «escudo fronterizo» y, fundamentalmente, la instrucción de realizar auditorías internas profundas en el aparato estatal, marcan una pauta clara de las prioridades del Ejecutivo.

Como profesional dedicado por más de 15 años a la auditoría forense, el control de gestión y el compliance, considero que la decisión de auditar al Estado es una señal correcta y urgente. Sin embargo, desde la técnica y la experiencia empírica, es mi deber advertir que el éxito de esta medida dependerá exclusivamente de su rigurosidad metodológica: el diablo, como siempre en la administración pública, está en los detalles.

Más allá de la contabilidad: La necesidad de una auditoría de gestión

Históricamente, los cambios de administración en Chile han venido acompañados de anuncios de «auditorías» que terminan siendo meras revisiones de saldos bancarios o arqueos de caja (auditorías financieras tradicionales). Si el nuevo gobierno se limita a esto, el decreto será un fracaso técnico.

El Estado chileno no sufre, en su mayoría, de dineros que simplemente «desaparecen» de las cuentas corrientes; sufre de una ineficiencia crónica en la ejecución del gasto. Lo hemos visto en crisis recientes —como la inyección de recursos en los SLEP que no impactan en el aula, o en los cuestionados traspasos a fundaciones— donde el problema real es estructural.

Por lo tanto, la instrucción presidencial debe traducirse en Auditorías Forenses y de Gestión. No solo necesitamos saber si las sumas y las restas cuadran formalmente con la ley de presupuestos; necesitamos evaluar la racionalidad económica de las decisiones tomadas. ¿Estamos financiando programas públicos que tienen impacto real o estamos subsidiando «grasa burocrática»? ¿Las licitaciones del Estado y los tratos directos están libres de conflictos de interés y sobreprecios?

El «Compliance» como política de Estado

El anuncio de estas auditorías representa una oportunidad histórica para instaurar una verdadera cultura de Compliance Gubernamental (cumplimiento normativo y ético).

En el sector privado, un directorio exige mapas de riesgos corporativos, canales de denuncia anónimos efectivos y oficiales de cumplimiento con autonomía real. El Estado chileno, siendo el mayor administrador de recursos del país, opera muchas veces con estándares de control interno de la década de los noventa. Las auditorías internas de los ministerios y servicios suelen carecer de la independencia necesaria, respondiendo directamente a la autoridad de turno que deben fiscalizar, lo que constituye un conflicto de interés basal.

Desde la Fundación para la Gobernanza y la Gestión Educacional hemos insistido en que la gobernanza moderna exige rendición de cuentas (accountability) sobre el retorno social de cada peso invertido. Las auditorías ordenadas por La Moneda deben servir como un diagnóstico para rediseñar los controles preventivos del Estado, no solo como una herramienta correctiva o punitiva.

El riesgo de la politización

Existe un peligro inherente en este tipo de decretos de inicio de mandato: que la auditoría se utilice como una «cacería de brujas» política contra la administración saliente, perdiendo su foco técnico.

Para que esta iniciativa sea responsable y creíble frente a la ciudadanía, debe ejecutarse con una asepsia política absoluta. Los hallazgos deben sustentarse en evidencia documental irrefutable, en el cruce de datos masivos con inteligencia artificial y en metodologías de investigación forense estandarizadas. Si el objetivo es solo buscar culpables mediáticos, habremos perdido el tiempo. Si el objetivo es identificar dónde se rompe la cadena de valor público para reparar la matriz de control del Estado, estaremos frente a una reforma estructural silenciosa, pero de inmenso impacto.

Conclusión: Reingeniería para la probidad

La instrucción de auditar al Estado es el primer paso de un camino empinado. Los ciudadanos, cansados de la ineficiencia y los escándalos de probidad, demandan certezas.

Las auditorías internas no deben ser vistas como un gasto o un mero trámite administrativo, sino como la principal inversión en transparencia democrática. Ha llegado la hora de abrir la «caja negra» de la administración pública, aplicar una reingeniería profunda a sus procesos y asegurar que el Estado chileno opere bajo los más estrictos estándares de integridad, eficiencia y compliance. Solo así recuperaremos la confianza en nuestras instituciones.

Fernando Pérez Tapia

Ph.D (c) – MBA, Líder de Auditoria Forense, International Leader of Forensic Auditing,

Ejecutivo Internacional, Investigaciones Internas, Compliance y Control Interno,

Inteligencia Artificial Empresarial