El costo de la ineficiencia regulatoria: cuando el Estado revisa para rechazar

El ecosistema empresarial chileno transita por una encrucijada crítica: la acelerada transformación digital del sector privado colisiona frontalmente contra la rigidez procedimental del Estado. Las empresas tecnológicas enfrentan una barrera regulatoria que opera bajo una lógica punitiva y antigua. El Estado impone un embudo burocrático mediante un marco normativo binario (aprobar o rechazar) y perfecto desde el «día cero»; lo cual deriva en una injustificable quema de caja (burn rate) en los emprendimientos.

Las causas de esta disfunción se explican mediante la Nueva Economía Institucional. Existe una profunda asimetría de información: mientras las empresas operan con metodologías ágiles, priorizando la velocidad de despliegue (Time-to-Market); el Estado carece de entornos de prueba controlados para las empresas (sandboxes), que permitirían a las empresas probar sus sistemas bajo supervisión legal controlada y proteger así, tanto la inversión privada como optimizar el gasto público.

Por otro lado, el peso de esta disfunción recae irónicamente sobre el propio Estado. La Dirección del Trabajo (DT), mandatada por ley para fiscalizar y proteger, ha quedado atrapada en el laberinto burocrático de su propio diseño. Al carecer de canales de pre-evaluación o instancias de armonización técnica, la DT se ve obligada a realizar procesos de revisión completos y exhaustivos sobre sistemas que están destinados a fallar desde la primera página.

Para dimensionar el impacto económico de esta barrera: estimaciones de la industria señalan que desarrollar sistemas tecnológicos destinados a cumplir la normativa de la DT exige inversiones que superan los 150 millones de pesos chilenos, y más de 18 meses de trabajo. A este costo hundido se añaden esperas que promedian más de 90 días solo para obtener un pronunciamiento, sin considerar los reiterados ciclos de rechazo.

Los números revelan un colapso operativo que debería encender las alarmas de la eficiencia pública: con una tasa de rechazo histórica del 70% (366 expedientes denegados de 521), los analistas de la DT dedican parte de su tiempo a justificar rechazos en lugar de certificar soluciones. La actual norma RENº38 es la representación perfecta de este desgaste: de las empresas rechazadas, existen casos que han insistido hasta cinco veces sin éxito. Esto significa que el Estado ha destinado valiosos recursos públicos para que sus funcionarios revisen, evalúen y redacten extensas resoluciones de rechazo en cinco ocasiones distintas para un mismo proveedor.

Esta asfixia bidireccional demuestra que el cumplimiento normativo binario es insostenible y un despilfarro estructural. La mencionada quema de caja no solo quiebra emprendimientos y destruye empleos, sino que satura las horas-hombre de una entidad que debería estar protegiendo a los trabajadores, no atrapada en un bucle de papeleo infinito. No se trata de pedirle a la DT que relaje su mandato legal, sino de exigir una digitalización acorde de los trámites (reducir grasa laboral) y capacitación del empleado público.

Resulta imperativo implementar formalmente sandboxes regulatorios. Además, se debe transitar desde la fiscalización reactiva actual hacia un «Cumplimiento por Diseño» (Compliance by Design), donde el desarrollo de los sistemas cuente con validación temprana del regulador, permitiendo ajustar criterios antes de la evaluación formal, lo que reduce costos innecesarios. Solo alineando estos incentivos, Chile logrará erradicar esta destrucción de valor y consolidar un entorno verdaderamente eficiente en las instituciones públicas y competitivo para el mercado.

Gonzalo Toledo Brito

Magister Derecho del Trabajo, UAndes

MBA USM. Consejero Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.