El alza desmedida de las cuentas de la luz: ¿abuso legalizable o derecho vulnerado?

En los últimos meses, las familias chilenas han debido enfrentar un duro golpe a su presupuesto: el alza sostenida y desmedida de las cuentas de la electricidad. La justificación oficial ha apuntado a la “regularización de precios” y a la aplicación de la denominada Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, que mantenía congelados los valores desde 2019. Sin embargo, el brusco incremento en las boletas ha encendido el debate sobre los límites de la legalidad, el control estatal de los servicios básicos y la eventualidad de acciones judiciales para frenar lo que muchos perciben como un abuso.

Un servicio público con deber de continuidad y equidad

La electricidad no es un bien cualquiera: es un servicio público esencial, regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos y bajo supervisión de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). De allí deriva la obligación de las empresas concesionarias de actuar conforme a los principios de continuidad, universalidad y no discriminación en la prestación del servicio.

Posibles fundamentos legales para accionar

Desde una perspectiva jurídica, se podrían invocar diversas herramientas para cuestionar los incrementos:

• Acciones de protección

Fundadas en la afectación de derechos constitucionales, como el derecho a la vida digna y a la propiedad, cuando el alza desproporcionada amenaza la subsistencia económica de familias vulnerables.

2. Acciones colectivas en sede de consumo

La Ley N.º 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores habilita al SERNAC o a asociaciones de consumidores a demandar a las empresas distribuidoras si se acreditara un cobro excesivo, injustificado o carente de la debida información.

3. Tutela de derechos por abuso de posición dominante

En un mercado donde los usuarios no pueden escoger libremente a su proveedor eléctrico, podría configurarse una situación de abuso regulado que habilite la intervención del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

4. Control judicial de la legalidad administrativa

Si se estima que la aplicación de las normas de estabilización fue defectuosa, los tribunales podrían revisar la legalidad de los decretos tarifarios, particularmente a la luz del principio de proporcionalidad y el deber de resguardar el interés general.

Más allá de los tribunales

El debate también es político. La energía eléctrica, como bien estratégico, plantea la pregunta de fondo: ¿debe un servicio básico quedar sujeto a los vaivenes de fórmulas tarifarias complejas, o corresponde establecer mecanismos permanentes de protección social frente a alzas desproporcionadas?

Mientras no haya una respuesta clara, miles de chilenos seguirán recibiendo boletas que desangran sus bolsillos. Y la pregunta seguirá flotando: ¿se trata de un ajuste inevitable o de un abuso que merece sanción legal?

Carlos Suárez GaeteAbogado