Cartas al Director
El alegato póstumo del “sin perdón ni olvido”
Osvaldo Castillo, condenado por violaciones a los derechos humanos, falleció el 6 de septiembre tras una larga enfermedad. Su caso reabre el debate sobre justicia, humanidad y el trato que merecen los presos terminales, incluso aquellos que enfrentan condenas por delitos de lesa humanidad. Mientras su familia clamaba por un final digno, la burocracia judicial y una apelación impidieron su regreso oportuno al hogar.

El 6 de septiembre pasado falleció de un cáncer terminal Osvaldo Castillo, condenado por causas de DDHH, de 80 años de edad, y que había sido beneficiado el pasado 30 de junio con el cumplimiento domiciliario de su pena (para ir a morir a su casa).
La Subsecretaría de DDHH, sabiendo la situación terminal de Castillo y los tiempos de la burocracia judicial, y sintiéndose agraviada por la decisión humanitaria de la Ministro Paola Plaza, apeló la resolución, retrasando el proceso. Paradójicamente, el mismo día del deceso, la Corte de Santiago tuvo la oportunidad de decidir y hacer justicia, pero por un tema burocrático, finalmente no se conoció la causa.
El alegato póstumo está pendiente, y tendrá que decir que Osvaldo Castillo murió con la esperanza en una justicia indulgente, así lo dijo y así lo traspasó con su mirada, me consta. La contraparte, en vez de insistir en su tesis retributiva y carente de humanidad, ni siquiera alegará la causa, porque ya no necesita hacerlo, no se escuchará la monserga de siempre que son violadores de DDHH y que, por sus crímenes, merecen morir en la cárcel. Su finalidad estará satisfecha, no así la de los familiares de Castillo, que esperaban que ese esposo, padre y abuelo muriera dignamente, acompañado, y no sufriendo en la soledad del Hospital Penitenciario.
Carla Fernández Montero
Abogada
Derecho Penitenciario
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