Cuando la inacción institucional repite el daño: el caso Scheel

El fallo del Décimo Juzgado Civil de Santiago contra la Alianza Francesa abrió una puerta: reconocer que la omisión de las instituciones puede convertirse en una pérdida irreparable . Hoy, casos como el de Catalina Cayazaya en la Universidad de los Andes y la ola de suicidios vinculados al acoso laboral demuestran que esa puerta sigue abierta, con consecuencias trágicas que exigen prevención y protocolos robustos.

El caso de Catalina Cayazaya: Universidad de los Andes ante la Superintendencia

En marzo de 2024, Catalina Cayazaya, estudiante de Terapia Ocupacional, se quitó la vida tras denunciar hostigamiento y malos tratos en su internado clínico. La Superintendencia de Educación Superior (SES) determinó que la Universidad de los Andes no aplicó su normativa interna, minimizó las denuncias y llegó a calificar de “injurias” los testimonios de Catalina y sus compañeras, sin activar investigación alguna ni ofrecer contención emocional.

Tras ocho meses de indagación, la SES formuló cargos contra la casa de estudios: concluyó que la inacción y las respuestas represivas constituyeron falta de cuidado institucional. Además, la universidad reconoció los hechos y apartó a las tutoras involucradas mientras se desarrolla un proceso sancionatorio independiente. La omisión de acciones en un escenario de posible abuso dejó a Catalina sin red de apoyo, una falla estructural que costó una vida.

Antecedentes de acoso laboral y suicidios: la puerta que permanece abierta

La problemática trasciende el ámbito académico. En 2018, el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago reconoció el suicidio de un trabajador en Táctica S.A. como un posible accidente laboral, al constatarse un entorno de presión extrema y acoso sostenido. El tribunal instó a evaluar la relación entre condiciones de trabajo adversas y decisión de quitarse la vida, abriendo la posibilidad de cobertura por la Ley 16.744.

Artículos recientes alertan sobre múltiples suicidios vinculados al mobbing: estrés crónico, presión desmedida y falta de canales de prevención contribuyen a un deterioro de la salud mental tan grave que termina en tragedia. Pese a la variedad de figuras legales (responsabilidad civil, accidente laboral, incumplimiento de protocolos internos), el denominador común es siempre la inacción institucional al primer llamado de auxilio.

Instituciones como garantes de vida: del número a la comunidad

Cuando universidades, colegios o empresas ven a sus miembros como cifras—en lugar de personas con historias y vulnerabilidades—el reglamento se vuelve una coraza fría. El deber de cuidado no está confinado a sancionar tras un incidente; implica una visión proactiva que priorice la salud mental y el bienestar. Reconocer a estudiantes y trabajadores como parte de una comunidad fortalece el vínculo que permite detectar a tiempo señales de riesgo.

Este cambio de paradigma exige:

• Capacitación continua en salud mental y detección temprana.

• Protocolos claros y accesibles que incluyan acompañamiento psicológico inmediato.

• Espacios seguros para la denuncia sin represalias ni estigmatización.

Cuando las instituciones asumen su rol protector, no solo cuidan vidas, sino que salvaguardan su propia credibilidad y reputación.

Prevención y protocolos: fortaleciendo canales y alertas

La prevención es la línea de defensa más poderosa. Para robustecerla, se recomienda:

• Implementar sistemas de alerta temprana basados en indicadores de riesgo (ausentismo, cambios de conducta, quejas reiteradas).

• Crear comités mixtos (estudiantes, docentes y personal) que evalúen de manera confidencial cualquier incidencia.

• Establecer redes de acompañamiento —psicólogos, trabajadores sociales y referentes internos— con facultades para derivar casos urgentes.

• Diferenciar claramente procesos disciplinarios de procesos de contención emocional, garantizando que nadie quede desamparado.

Estas medidas convierten la prevención en un activo institucional, reduciendo el riesgo de pérdidas irreparables y protegiendo a las organizaciones de los costos reputacionales y legales que acarrea la omisión.

Conclusión: responsabilidad compartida

Los casos de Scheel, Cayazaya y los suicidios laborales configuran un mapa donde la inacción institucional deja víctimas a su paso. El fallo contra la Alianza Francesa es apenas el punto de partida. Para impedir que este patrón se repita, es imprescindible que las instituciones asuman la prevención como núcleo de su misión, reconociendo a cada miembro como parte esencial de su comunidad. Solo así construiremos espacios seguros, humanos y responsables, donde el cuidado no sea opcional, sino una exigencia que salva vidas.

En nuestra Fundación Fuera Acosadores somos testigos de estos largos procesos, como las personas se van apagando con la inacción, primero de las personas que deberían hacer lo correcto, y luego se traslada a la inacción de la institución, que decide, sin tener todos los antecedentes a la vista, apoyar a ciegas los errores cometidos, luego vienen los procesos con las entidades externas, dependiendo el caso, para apelar la seguidilla de decisiones anteriores, todo esto termina por aplastar literalmente la dignidad de las personas, no todos pueden salir a flote de esta avalancha de negativas ante una realidad que sólo con el tiempo se hace visible indefectiblemente.

Scarlett Watson M.

Bibliografía

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