Convivencia escolar: prohibir celulares no resuelve una crisis estructural

Prohibir celulares en los establecimientos educacionales parece ofrecer una sensación de orden, pero no aborda ninguno de los factores que explican el deterioro de la convivencia escolar en Chile. Un sistema que ha perdido capacidad de contención, equipos profesionales debilitados y comunidades educativas fragmentadas no se recomponen apagando dispositivos. Esta medida legisla sobre el síntoma sin intervenir en las causas estructurales del problema.

Los estudios nacionales e internacionales en coexistencia escolar apuntan a variables consistentes: la violencia se incrementa cuando existe alta rotación docente, sobrecarga administrativa, ausencia de equipos psicosociales robustos y vínculos deteriorados entre adultos y estudiantes. Bajo estas condiciones, la prohibición de celulares no solo resulta insuficiente, sino que desvía la discusión pública desde la necesidad de fortalecer capacidades institucionales hacia una lógica punitiva de bajo impacto real.

En contextos vulnerables, además, el celular es la única herramienta digital disponible. La prohibición sin una política paralela de acceso tecnológico profundiza las desigualdades educativas y limita el desarrollo de competencias digitales exigidas por el currículum nacional. Mientras colegios privados reemplazan el celular por dispositivos avanzados, la educación pública queda sin alternativas, ampliando la brecha que la política pública debería reducir.

A esta desigualdad se suma una práctica preocupante: la expulsión o el retiro forzado de estudiantes sin activar protocolos, sin intervención especializada y sin estrategias restaurativas. La evidencia indica que las escuelas que excluyen tienden a reproducir ciclos de violencia institucional, debilitando aún más la convivencia y vulnerando el derecho a la educación. Sin un enfoque sistémico, ninguna prohibición puede revertir este fenómeno.

Si realmente queremos mejorar la convivencia escolar, no necesitamos nuevas prohibiciones: necesitamos decisiones políticas valientes. La solución no pasa por apagar celulares, sino por encender la capacidad del sistema educativo para acompañar, contener y prevenir.

Eso implica, primero, dotar a todas las escuelas de equipos psicosociales completos, estables y con carga laboral realista, no profesionales agotados que rotan cada semestre.

Segundo, implementar formación obligatoria en regulación emocional, convivencia y estrategias restaurativas para todos los adultos del sistema: docentes, directivos, asistentes y sostenedores.

Tercero, garantizar protocolos de intervención reales, con supervisión del Ministerio, para que ningún estudiante vuelva a ser expulsado o derivado sin acompañamiento integral.

Cuarto, instalar pautas claras de corresponsabilidad familiar, fortaleciendo redes de apoyo comunitarias.

Y, por último, invertir en infraestructura tecnológica equitativa, para que el acceso a herramientas digitales no dependa del bolsillo del estudiante.

La convivencia escolar no se arregla prohibiendo: se arregla reconstruyendo comunidad, formando adultos competentes y ofreciendo condiciones dignas para educar. Eso sí transforma. Eso sí previene. Eso sí cuida. Y eso sí le devolvería a la escuela su propósito humano y democrático.

La convivencia escolar no se recupera prohibiendo celulares, sino reconstruyendo las condiciones institucionales que permiten que la escuela funcione como comunidad. La medida anunciada puede aportar orden momentáneo, pero el desafío real exige fortalecer capacidades, profesionalizar la intervención y asegurar recursos permanentes. Una política pública sostenible no puede descansar en la exclusión de herramientas tecnológicas, sino en la habilitación de adultos competentes que acompañen, regulen y orienten a las y los estudiantes desde un enfoque de desarrollo humano integral.

La pregunta de fondo no es si el celular afecta la convivencia, sino cuánto más retrasaremos la adopción de políticas que intervengan en las causas estructurales del conflicto escolar. ¿Estamos dispuestos a avanzar hacia una reforma profunda que priorice el bienestar, la contención y la equidad, o seguiremos corrigiendo síntomas mientras la escuela continúa perdiendo su capacidad de sostener a quienes más lo necesitan?

Angélica Beltrán Rojas

Educadora Diferencial

Magíster en Educación

Asesora en Innovación y Transformación Educativa