Celulares en el aula: una regulación necesaria, pero con implicancias para la libertad individual

La aprobación de la ley que prohíbe el uso de celulares en todos los niveles educativos a partir del año 2026 constituye una respuesta institucional a un fenómeno que se ha extendido sin una reflexión proporcional sobre sus consecuencias cognitivas, pedagógicas y socioemocionales. La medida, respaldada por una amplia mayoría legislativa y valorada por el Ministerio de Educación (Senado de Chile; Mineduc, 2025), plantea un punto de inflexión en la discusión contemporánea sobre el aprendizaje en contextos altamente digitalizados.

La evidencia científica acumulada en la última década es consistente. Investigaciones de la Universidad de Chile advierten que la exposición sostenida a pantallas altera la memoria de trabajo, disminuye la capacidad atencional e incrementa indicadores de ansiedad escolar. Estos hallazgos se alinean con estudios internacionales que han motivado políticas similares en Francia, Finlandia e Italia, donde la regulación ha contribuido a mejorar el clima escolar, reducir la distracción y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. En Chile, diversos equipos directivos y docentes han reportado que la presencia irrestricta de celulares no solo disminuye el rendimiento académico, sino que también amplifica fenómenos como el ciberacoso, la impulsividad y la pérdida de hábitos básicos de convivencia educativa.

No obstante, una dimensión que merece igualmente consideración —y que suele quedar relegada en el debate público— es la implicancia que esta medida tiene para la libertad individual y el rol del Estado. Desde una perspectiva liberal, la intervención estatal debiera ser siempre el último recurso disponible. Sin embargo, en este caso se vuelve casi inevitable. Incluso cuando la regulación se basa en evidencia sólida, no deja de constituir un aumento en la intervención estatal y, en términos estrictos, una restricción explícita a las libertades individuales de los estudiantes. Este escenario ilustra un fenómeno más amplio: cuando la sociedad renuncia —por desinformación, falta de hábitos o ausencia de guía parental— a ejercer responsabilidad individual, el Estado avanza hacia espacios que originalmente corresponden al ámbito personal. Si padres y estudiantes hubiesen asumido voluntariamente la tarea de regular y comprender el impacto del uso excesivo del teléfono, probablemente no habría sido necesaria una prohibición de carácter general.

En este sentido, la regulación debe comprenderse no solo como una medida reactiva, sino como un síntoma de un déficit mayor: la erosión de la responsabilidad individual y de la capacidad crítica frente a tecnologías que moldean la atención y el desarrollo socioemocional. Por ello, más allá de la norma, el desafío consiste en recuperar una cultura de autocuidado y de conciencia crítica en el ámbito escolar. Los estudiantes deben ser capaces de evaluar racionalmente cómo redes como TikTok e Instagram afectan su concentración, su bienestar y su proceso formativo, y actuar en consecuencia, no por imposición externa sino por convicción informada. Solo en la medida en que fortalecemos esa autonomía reflexiva podremos aspirar a que futuras generaciones ejerzan su libertad sin necesidad de nuevas restricciones estatales.

En definitiva, la prohibición puede ser una herramienta pedagógica útil en el corto plazo, pero no debe sustituir el objetivo de largo plazo: formar ciudadanos capaces de autorregularse, de comprender el valor de la atención y de asumir que la libertad exige responsabilidad. Una sociedad madura no depende exclusivamente de la ley, sino de personas capaces de conducirse con criterio, prudencia y conciencia de las consecuencias de sus actos.

Cristóbal Laimböck Muñoz

Pasante, Fundacion para el progreso