Instituto Libertad y Desarrollo advierte riesgos para el empleo, las pymes y la libre competencia ante proyecto del Gobierno sobre negociación ramal

En una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo que lleva por título “Negociación ramal: otro proyecto que destruye empleo”, se advierte que la iniciativa ha generado cuestionamientos por los efectos que podría tener sobre el empleo, especialmente en micro y pequeñas empresas, en un escenario marcado por el estancamiento de la productividad y el aumento sostenido de los costos laborales.

De acuerdo con el análisis, la negociación ramal puede generar incrementos de costos que resulten sostenibles para las grandes empresas, pero difíciles de absorber para las de menor tamaño, dada su menor productividad. Ello podría traducirse en una menor creación de empleo e incluso en despidos, en un mercado laboral que ya muestra dificultades para generar puestos de trabajo formales. En este contexto, se plantea que la política laboral debería priorizar medidas orientadas a dinamizar el empleo, más que introducir nuevas rigideces.

Desde esta perspectiva, se sostiene que la negociación colectiva debe mantenerse a nivel de empresa, tal como lo consagra actualmente la legislación chilena, ya que los acuerdos alcanzados con los trabajadores reflejan de mejor forma la realidad productiva y financiera de cada firma y permiten recoger la diversidad existente entre empresas. Asimismo, este esquema evitaría distorsiones en la libre competencia y reduciría el riesgo de concentración de mercado derivado de condiciones homogéneas impuestas por actores de mayor tamaño.

La publicación señala que la evidencia internacional muestra que el alcance de la negociación colectiva ha tendido a disminuir y a descentralizarse en diversos países de la OECD. Un esquema de negociación ramal obligaría a empresas de distinto tamaño y estructura productiva a suscribir acuerdos comunes, lo que podría resultar abordable para las grandes firmas, que concentran mayores niveles de sindicalización e influencia, pero difícil o imposible de cumplir para las más pequeñas.

Dado que las micro y pequeñas empresas presentan, en promedio, niveles de productividad inferiores a los de las grandes, la imposición de mayores costos exógenos —como aumentos de salarios base u otros beneficios laborales— podría afectar negativamente la generación de empleo y, en casos extremos, comprometer la continuidad de las operaciones. En este sentido, se advierte que un conjunto de leyes laborales aprobadas en los últimos años ya ha tenido un impacto relevante en el empleo, el cual, según el Banco Central, se habría reducido en torno a 1,5% como consecuencia del alza del salario mínimo, junto con una persistente preocupación empresarial por el aumento de los costos laborales futuros.

En contraste, la negociación colectiva a nivel de empresa permite que la heterogeneidad productiva y financiera se refleje en los acuerdos laborales, otorgando mayor flexibilidad dentro de un marco regulatorio que ya establece estándares mínimos en materias como remuneraciones y jornadas de trabajo. Esta diversidad se evidencia en las marcadas diferencias salariales según tamaño de empresa, donde las firmas con 200 o más trabajadores —que concentran cerca del 40% del empleo asalariado formal— pagan remuneraciones promedio significativamente más altas que las empresas más pequeñas, brechas que también se replican al interior de sectores como agricultura, industria, comercio y, con mayor intensidad, en la minería.

Asimismo, la publicación advierte que imponer condiciones laborales homogéneas a empresas de un mismo sector podría generar efectos relevantes en la libre competencia, especialmente en actividades con alta heterogeneidad productiva. En la medida en que las grandes empresas influyan de manera determinante en la definición de estos estándares, podrían imponerse condiciones que dificulten la permanencia de competidores de menor escala, favoreciendo procesos de concentración de mercado.

En las reflexiones finales, el análisis subraya que, dada la heterogeneidad de la economía chilena en términos de productividad y tamaño de empresa, se debe actuar con cautela al introducir nuevas restricciones que puedan encarecer la operación de las firmas más pequeñas, afectando la generación de empleo, la recuperación del mercado laboral y la competitividad de las industrias. En ese sentido, se plantea la necesidad de mantener el principio de que las negociaciones colectivas reconozcan las características particulares de cada empresa, tal como lo establece actualmente la legislación chilena.

Vea publicación de Instituto Libertad y Desarrollo.