Tribunal multa a abogado que redactó recurso “incoherente” con ayuda de inteligencia artificial

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (España) impuso una multa de 1.800 euros a un abogado que entregó un recurso redactado mediante inteligencia artificial. El tribunal tomó esta decisión luego de comprobar que el documento contenía un total de 24 citas legales falsas que fueron creadas de manera autónoma por la herramienta tecnológica empleada. Ante esta situación, los magistrados resolvieron además remitir los antecedentes del caso al colegio de abogados respectivo para que se evalúen las medidas disciplinarias correspondientes.

Durante el proceso, el profesional asumió la responsabilidad por lo ocurrido, ofreció disculpas a la sala y comunicó la situación a su representado. Sin embargo, el tribunal señaló en el auto judicial que el sancionado no entregó detalles claros sobre el funcionamiento ni el nombre de la herramienta que utilizó para elaborar el escrito.

La resolución aclara que la normativa actual no prohíbe el uso de la inteligencia artificial para labores de asistencia legal, preparación o estudio por parte de los abogados. No obstante, el tribunal recordó que las directrices del Consejo General del Poder Judicial obligan a realizar una supervisión humana tanto antes como después de utilizar estas tecnologías, asegurando que toda la información que se presente ante un tribunal sea real y verificada.

Los jueces determinaron que actuar con negligencia al presentar citas inexistentes o distorsionadas daña el principio de buena fe procesal, que exige actuar con honestidad, rigor y transparencia ante los tribunales. El fallo sostiene que suministrar argumentos falsos con apariencia de validez incrementa el trabajo del tribunal y reduce la confianza en el sistema de justicia, sin importar si el profesional tenía o no la intención de engañar a los magistrados.

Para calcular el valor de la multa, que por ley puede ir desde los 600 hasta los 6.000 euros, la sala consideró el costo anual de las herramientas de inteligencia artificial especializadas en el sector jurídico, las cuales oscilan entre los 1.500 y los 3.000 euros en el mercado actual. Los magistrados concluyeron que el pago de una suscripción de este tipo o el uso de plataformas públicas de consulta gratuita habrían evitado el error. Finalmente, la sanción se fijó en 1.800 euros tras valorar como factores de mitigación que el abogado no tenía registros previos de este tipo y que informó de inmediato a su cliente.

Vea sentencia Tribunal Superior de Xustiza de Galicia