Tribunal internacional acusa a Canadá de genocidio por caso de niños indígenas desaparecidos

El Tribunal Permanente de los Pueblos emitió su declaración preliminar respecto a los casos de niños indígenas desaparecidos y la existencia de tumbas sin marcar en Canadá, dictaminando que las acciones y omisiones del Estado de ese país configuran el delito de genocidio. De acuerdo con el tribunal de carácter no vinculante, las autoridades canadienses no han acatado los mandatos legales internacionales que exigen indagar y sancionar penalmente estos hechos, observándose una conducta persistente que desconoce la soberanía de las comunidades originarias.

La resolución del tribunal internacional hace referencia a las conclusiones previas emanadas de instancias oficiales canadienses, tales como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas, y la Oficina del Interlocutor Especial Independiente. El dictamen sostiene que el gobierno de Canadá custodia actualmente alrededor de 27 millones de registros documentales clave para la localización de los sitios de sepultura y la identificación de los menores de edad fallecidos, sin liberar dicha información a los familiares de las víctimas y agrupaciones de sobrevivientes. Asimismo, el tribunal advirtió sobre la falta de resguardo frente a la potencial destrucción de los testimonios recopilados en el Proceso de Evaluación Independiente bajo argumentos de confidencialidad.

Ante este escenario, la instancia formuló 12 requerimientos previos dirigidos al Estado canadiense, entre los cuales se incluye la implementación total de la Ley de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2021. De igual manera, se solicitó adecuar el marco normativo interno sobre crímenes de lesa humanidad y genocidio a los estándares establecidos en el Estatuto de Roma, junto con la persecución penal y condena de los discursos de odio o de negación respecto a lo ocurrido en el sistema de internados residenciales.

La declaración preliminar constituye la respuesta a una acusación formal por crímenes de lesa humanidad presentada en la sesión número 57 del tribunal, desarrollada en la ciudad de Montreal. Dicha denuncia penal se fundamentó en la desaparición forzada de niños en la red de internados estatales, utilizando testimonios de los sobrevivientes y archivos del propio Estado. La acción judicial ciudadana busca el reconocimiento formal de los abusos institucionales y la entrega de recursos económicos para que las comunidades indígenas lideren las labores de investigación y repatriación de los restos de los infantes desaparecidos.

El proceso se originó tras la solicitud formal realizada a fines del año 2024 por el Refugio para Mujeres Indígenas de Montreal y Amnistía Internacional Canadá Francófona, con el objetivo de establecer responsabilidades internacionales por los abusos documentados en las escuelas residenciales. El Tribunal Permanente de los Pueblos opera desde 1979 como un foro independiente de justicia civil encargado de evaluar vulneraciones a los derechos humanos a nivel global en casos donde las instituciones judiciales nacionales no han ofrecido respuestas definitivas.

Vea texto de la sentencia.