Tribunal estadounidense valida acceso de DOGE a datos confidenciales de ciudadanos estadounidenses

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos resolvió que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) está facultado para acceder a información confidencial proveniente de diversas agencias federales, dejando sin efecto una medida cautelar previamente concedida por un tribunal de distrito.

Los demandantes habían sostenido que el acceso otorgado por la Oficina de Administración de Personal (OPM), el Departamento de Educación (DOE) y el Departamento del Tesoro (DOT) vulneraba disposiciones contenidas en la Ley de Privacidad. La información en cuestión incluía datos sensibles como números de la Seguridad Social, antecedentes financieros, declaraciones tributarias, domicilios y registros laborales.

La corte de apelaciones consideró, sin embargo, que no existía infracción normativa, dado que la Ley de Privacidad contempla la posibilidad de compartir registros dentro de una misma entidad administrativa. Bajo este criterio, la participación de DOGE en los sistemas federales se enmarca en una relación de cooperación “interagencial” amparada por la legislación vigente.

El pronunciamiento también subrayó la diferencia entre una orden cautelar y una resolución definitiva. Según el tribunal, la medida cautelar exige demostrar probabilidad de éxito en el fondo de la controversia, pero no implica un juicio concluyente sobre el mérito de las reclamaciones. Así, el ad quem concluyó que el tribunal de instancia evaluó de forma incorrecta dicha probabilidad, lo que justificó la revocación de la medida.

Este litigio se originó a partir de la Orden Ejecutiva 14158, promulgada en enero de este año, que dispuso la creación de equipos DOGE dentro de agencias federales y autorizó su interacción con un órgano central del mismo nombre. La normativa mandató la modernización tecnológica del gobierno federal y el otorgamiento de accesos informáticos especializados a dichos equipos.

Tras la emisión de la orden ejecutiva, un grupo de demandantes solicitó en sede federal impedir que se otorgaran estos accesos de manera permanente. Paralelamente, requirieron una orden de restricción temporal, que en febrero fue concedida parcialmente respecto de la OPM y el DOE. Posteriormente, en marzo, el tribunal de distrito concedió una medida cautelar más amplia, la cual fue impugnada por el gobierno y finalmente revocada en apelación.

Vea texto de la sentencia.