Tribunal Constitucional de España anula fallo del Tribunal Supremo que revocó nombramiento de magistrada

El Tribunal Constitucional de España resolvió estimar el recurso de amparo presentado por una magistrada que impugnó la decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la cual había anulado su nombramiento como integrante de la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea (REDUE). El fallo fue adoptado por unanimidad, con el respaldo de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

El caso se originó en 2019, cuando la magistrada fue seleccionada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un concurso de méritos para integrar la REDUE. La designación consideró los principios de mérito y capacidad, así como el criterio de presencia equilibrada de hombres y mujeres. Posteriormente, un magistrado no seleccionado solicitó la revisión de oficio de la decisión, petición que fue desestimada por el Pleno del CGPJ.

El magistrado excluido presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, cuestionando la aplicación del principio de equilibrio de género y alegando que debía prevalecer el mérito y la capacidad. La Sala Tercera acogió su impugnación, al considerar improcedente la aplicación de la medida de acción positiva en este caso, y dispuso que el recurrente fuera designado en reemplazo de la magistrada inicialmente seleccionada.

Frente a esta resolución, la afectada interpuso un recurso de amparo alegando vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, al considerar que el Tribunal Supremo había limitado injustificadamente su capacidad para defender su nombramiento mediante la revisión de los méritos valorados.

El Tribunal Constitucional centró su análisis en el alcance del derecho de acceso a la jurisdicción, concluyendo que el Tribunal Supremo restringió de manera indebida el ámbito de debate al circunscribirlo únicamente a las cuestiones planteadas por el demandante, sin considerar las pretensiones formuladas por la entonces codemandada en defensa de su designación. Según la sentencia, dicha limitación carecía de fundamento legal y privó a la recurrente de un cauce adecuado para hacer valer sus derechos.

El fallo subraya que el diseño del proceso contencioso-administrativo debe permitir a todos los afectados por una decisión administrativa, en especial en procedimientos competitivos, acceder efectivamente a la justicia. En este contexto, el Tribunal destacó la necesidad de interpretar las normas procesales de modo que se garantice la tutela judicial de quienes resulten beneficiados por actos administrativos de adjudicación.

El Tribunal Constitucional concluyó que la resolución del Tribunal Supremo no valoró adecuadamente las circunstancias del caso y aplicó una interpretación excesivamente formalista que impidió examinar cuestiones esenciales sobre la valoración de méritos. Por ello, anuló la sentencia impugnada y ordenó la retroacción de las actuaciones al momento anterior a su pronunciamiento para que se dicte una nueva resolución conforme al derecho fundamental reconocido.

Con esta sentencia, el Tribunal fija doctrina sobre la proyección del derecho a la tutela judicial efectiva en situaciones donde un beneficiario de un acto administrativo debe defenderlo en sede judicial como codemandado.

Vea sentencia Tribunal Constitucional de España.