Trabajadores demandan al gobierno federal de Estados Unidos para impugnar campaña de despidos masivos en la administración pública.

Un grupo de empleados en período de prueba, vinculados a diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos, interpuso una demanda para impugnar la legalidad de sus despidos. Según su presentación, las desvinculaciones fueron llevados a cabo en el marco de un proceso de reducción de la plantilla federal impulsado por la administración del presidente Donald Trump. Los demandantes sostienen que dicha decisión contraviene la normativa vigente y vulnera su derecho al debido proceso.

Los demandantes, exempleados de varias agencias gubernamentales, incluyendo el Departamento de Asuntos de Veteranos, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Administración de Servicios Gubernamentales, citaron informes elaborados por la Oficina del Asesor Especial (OSC) y la Junta de Protección del Sistema de Méritos de los Estados Unidos (MSPB), en los cuales se concluye que despidos análogos podrían constituir prácticas de personal prohibidas conforme a la normativa aplicable.

Debido a la naturaleza de sus contratos, los empleados cesados no tuvieron acceso directo a la MSPB para apelar sus despidos, ya que sus reclamaciones no encajaban dentro de las tres categorías que permitirían dicha revisión: que la terminación estuviera basada en el estado civil del empleado, que se fundamentara en razones de afiliación política o que estuviera vinculada a conductas previas a la contratación. No obstante, los demandantes presentaron sus reclamaciones ante la OSC, entidad que determinó que los despidos en cuestión podrían constituir prácticas contrarias a las reglas del servicio civil.