TJUE dictamina que Hungría ha violado derechos y discriminado a personas LGBTI+

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en la que declara que Hungría ha infringido diversas normativas del Derecho de la Unión mediante la implementación de la denominada Ley LXXIX de 2021. Esta legislación, cuyo propósito declarado era la adopción de medidas más estrictas contra depredadores sexuales y la protección de menores, modificó actos legislativos nacionales para limitar o prohibir el acceso a contenidos que representen o promuevan la desviación de la identidad de género al nacer, el cambio de sexo o la homosexualidad, especialmente en el ámbito publicitario y audiovisual.

La resolución surge como respuesta a un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea frente a las modificaciones jurídicas introducidas por el Estado húngaro. El Pleno del tribunal determinó que la normativa vulnera disposiciones relativas a la prestación de servicios en el mercado interior, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos y el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.

Respecto a las dinámicas del mercado de servicios, el tribunal indicó que las restricciones impuestas por Hungría afectan la libertad de los prestadores de medios de comunicación para desarrollar y difundir contenidos cuyo eje central sea la representación de las temáticas de diversidad sexual mencionadas.

Aunque el Derecho europeo contempla un margen de apreciación para que los Estados limiten ciertos materiales con el fin de proteger a los menores o garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones pedagógicas y filosóficas, la instancia judicial resolvió que estas excepciones no resultan aplicables en este escenario, puesto que las medidas generan una discriminación directa por razón de sexo y orientación sexual.

El dictamen judicial establece que la ley de modificación húngara parte de la premisa de que cualquier representación de estas identidades perjudica el interés superior del menor, lo que evidencia una preferencia estatal por determinadas orientaciones sexuales y resulta en la estigmatización del resto. Con ello, se materializa una injerencia en derechos fundamentales consagrados como la prohibición de discriminación, el respeto a la vida privada, la libertad de información y la dignidad humana. El documento precisa que la normativa vincula a personas no cisgénero y no heterosexuales con la pedofilia desde su mismo título, fomentando comportamientos de odio y promoviendo su invisibilidad social por motivos exclusivos de su identidad.

En una determinación jurídica inédita en el marco de los recursos contra un Estado miembro, el Tribunal de Justicia declaró una infracción autónoma del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Los magistrados concluyeron que las medidas dirigidas contra los contenidos sobre homosexualidad y cambio de sexo conforman un conjunto coordinado de acciones discriminatorias que atentan de forma manifiesta contra valores fundacionales de la Unión, tales como la igualdad, el respeto a los derechos humanos y la protección de las minorías en una sociedad caracterizada por el pluralismo.

Vea sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea.