TJUE define reglas sobre responsabilidad de Estados miembros que deben resolver solicitudes de asilo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sentencia en un caso referido a la interpretación del Reglamento Dublín III en el contexto de la gestión de solicitudes de protección internacional. La controversia jurídica se originó tras la comunicación de las autoridades de Italia a finales de 2022, mediante la cual informaron de forma provisional la suspensión de la aceptación de traslados de solicitantes de asilo bajo el marco normativo vigente.

Esta situación llevó a un tribunal administrativo de Alemania a consultar sobre si la negativa de un Estado a cumplir con sus obligaciones de readmisión facultaba al Estado requirente para declarar la inadmisibilidad de las solicitudes o si implicaba un cambio en la determinación del responsable.

En su decisión, el tribunal declaró que la designación de un Estado miembro como responsable de una solicitud de asilo no puede ser revocada mediante una declaración unilateral de dicho país. El tribunal fundamentó que permitir esta posibilidad afectaría el funcionamiento operativo del sistema de asilo, por lo cual el Estado designado inicialmente conserva su responsabilidad en una primera instancia.

No obstante, el fallo aclara que el procedimiento establece plazos estrictos para la ejecución de los traslados, los cuales deben realizarse, por regla general, en un máximo de seis meses tras la aceptación de la solicitud de toma a cargo o la resolución de los recursos legales interpuestos.

La sentencia destaca un mecanismo de transferencia automática de responsabilidad en los casos donde el traslado no se concrete dentro del periodo de seis meses estipulado. Esta transferencia opera de forma independiente a las causas que motiven la inejecución, extendiéndose incluso a los supuestos donde el retraso sea provocado por la suspensión unilateral de los trámites por parte del Estado originalmente responsable. Según el tribunal, este automatismo jurídico es esencial para asegurar el acceso efectivo de los solicitantes al procedimiento de asilo y resguardar su derecho fundamental a solicitar protección en territorio comunitario.

Finalmente, el Tribunal de Justicia abordó las vías de remedio ante posibles infracciones al Reglamento Dublín III, señalando que tanto la Comisión Europea como otros Estados miembros pueden interponer recursos por incumplimiento.

Respecto a la procedencia de las solicitudes, se determinó que la falta de disposición de un país responsable para recibir al solicitante no es motivo suficiente para que otro Estado declare la inadmisibilidad de la petición de protección. En estos escenarios, el Estado que tramita la solicitud debe optar por una decisión de traslado y de no examen en lugar de rechazar la solicitud por inadmisibilidad.

Vea sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea.