TEDH dictamina responsabilidad de Eslovaquia por dilaciones indebidas en caso de violencia de género

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó sentencia en una demanda contra Eslovaquia, donde declaró por unanimidad la vulneración del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, referido a la prohibición de tratos inhumanos o degradantes. La controversia jurídica se centró en la respuesta de las autoridades nacionales ante las denuncias de violencia intrafamiliar interpuestas por la recurrente contra su excónyuge. La decisión aborda la responsabilidad estatal en la investigación y persecución efectiva de actos de violencia doméstica.

Los antecedentes del caso se remontan a 2014, cuando la policía presentó cargos iniciales contra el hombre por ataques físicos y amenazas de muerte. Posteriormente, se sumaron acusaciones por hechos ocurridos desde 2012, que incluían maltrato físico, psicológico, control coercitivo y violencia sexual. A pesar de los testimonios de hijos de la pareja y otros familiares, así como peritajes médicos que daban cuenta de lesiones y cuadros de estrés postraumático, el tribunal de distrito dictó múltiples absoluciones basadas en la supuesta falta de pruebas directas.

En su argumentación, el Tribunal observó que el tribunal eslovaco de primera instancia incurrió en un rigorismo formal al no analizar las circunstancias bajo una perspectiva de género. Según el fallo, la justicia local omitió integrar en su análisis el patrón continuo y la dinámica de violencia que ya había sido establecida en órdenes judiciales previas. Para el tribunal de Estrasburgo, la falta de una evaluación sensible al contexto y la desestimación de pruebas que corroboraban el relato de la víctima implicaron un incumplimiento de las obligaciones positivas del Estado.

Un factor determinante en la resolución fue la excesiva duración de las actuaciones judiciales, las cuales se prolongaron por más de siete años. El Tribunal destacó que, tras una primera anulación de la sentencia, el juzgado de distrito tardó casi cinco años en emitir un nuevo pronunciamiento que se limitó a repetir los argumentos anteriores. Esta demora, sumada a la necesidad de la demandante de revivir los eventos traumáticos en sucesivos juicios, le generó un estado de incertidumbre y sufrimiento innecesario que pudo evitarse con mecanismos procesales más expeditos.

Respecto a la alegación de discriminación contemplada en el artículo 14 de la Convención, la sentencia determinó que las deficiencias procesales detectadas no bastan para probar una actitud institucionalizada de prejuicio. La resolución indica que la demandante no aportó datos estadísticos o pruebas específicas que demostraran que las autoridades actuaron con una intención discriminatoria o que existiera un patrón generalizado de complacencia estatal en estos casos. Por tanto, dicha parte de la demanda fue rechazada por falta de sustento probatorio suficiente.

Finalmente, el fallo establece una indemnización económica a favor de la recurrente por concepto de daño no pecuniario, además del reembolso de los gastos legales incurridos durante el proceso. El dictamen subraya que el escrutinio judicial en casos de violencia doméstica exige que los tribunales nacionales evalúen los incidentes de forma interrelacionada y no como hechos aislados, garantizando la protección efectiva de los derechos fundamentales.

Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.