TEDH condena a Polonia por investigación ineficaz en caso de ataque a pareja del mismo sexo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que Polonia vulneró los artículos 3 (prohibición de la tortura) y 14 (prohibición de discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos al no garantizar una investigación efectiva ni una respuesta judicial adecuada frente a una agresión sufrida por tres personas, motivada por su orientación sexual. El fallo subrayó las obligaciones de los Estados de prevenir, sancionar y reparar actos de violencia con móviles discriminatorios.

Según los antecedentes, los hechos ocurrieron cuando los solicitantes caminaban junto a una amiga. Dos de ellos, que mantenían una relación de pareja, fueron increpados por un transeúnte en estado de ebriedad, quien interrumpió su paso con insultos homofóbicos. El incidente derivó en una agresión física en la que intervinieron otras dos personas, ocasionando lesiones en al menos dos de los afectados, así como amenazas verbales que continuaron incluso después de la intervención policial.

Los tribunales nacionales condenaron a los agresores por los delitos de lesiones y amenazas, imponiendo penas de prisión suspendidas y multas equivalentes a veinticinco euros para cada víctima. Si bien reconocieron el uso de expresiones homofóbicas durante la agresión, concluyeron que la causa directa del ataque fue una reacción colérica motivada por un comentario de uno de los afectados, descartando así un móvil principal basado en la orientación sexual. Las víctimas apelaron dicha calificación, sosteniendo que el contexto de odio no había sido debidamente tomado en cuenta, recurso que fue rechazado en segunda instancia, por lo que demandaron al Estado ante el TEDH.

En su análisis de fondo, el Tribunal observa que, “(…) el maltrato debe alcanzar un nivel mínimo de severidad para caer dentro del ámbito del artículo 3. Esta valoración es relativa y depende de todas las circunstancias, tales como la naturaleza del acto, sus efectos físicos y psicológicos y, en ciertos casos, la edad o estado de salud de la víctima. En el presente asunto, no solo hubo agresiones físicas, sino también insultos homofóbicos que afectaron la dignidad de los demandantes. El Tribunal considera que los hechos a los que fueron sometidos necesariamente les generaron miedo, angustia e inseguridad, constituyendo un atentado a su dignidad personal”.

Agrega que, “(…) cuando investigan incidentes violentos, las autoridades estatales deben desplegar todos los medios razonables para esclarecer posibles móviles discriminatorios. Este deber no es absoluto, pero exige un esfuerzo serio y diligente para recabar pruebas, asegurar testimonios y entregar decisiones imparciales y fundamentadas. Tratar la violencia motivada por odio en igualdad con casos carentes de tal sesgo equivale a ignorar la naturaleza específica de actos que resultan particularmente destructivos de los derechos humanos fundamentales”.

Comprueba que, “(…) en el presente caso, las autoridades nacionales disponían de indicios suficientes para sospechar que la violencia ejercida había estado influida por prejuicios hacia la orientación sexual de los demandantes. Sin embargo, la legislación interna no contempla de manera expresa la motivación basada en orientación sexual como circunstancia agravante o constitutiva de delito de odio. Ello tuvo como consecuencia que las agresiones fueran tratadas como delitos ordinarios, omitiendo la consideración del móvil discriminatorio y sus efectos específicos. Tal omisión impidió que los responsables recibieran una sanción proporcional a la gravedad de los hechos”.

El Tribunal concluye que, “(…) el Estado demandado incumplió su deber de garantizar que actos de violencia motivados por hostilidad hacia la orientación sexual real o percibida de las víctimas no quedaran sin una respuesta judicial adecuada. Aunque los perpetradores fueron procesados y condenados, la ausencia de reconocimiento y sanción explícita del móvil de odio privó a las víctimas de la protección efectiva que exige el Convenio. Por consiguiente, se declara la violación de los artículos 3 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

Al tenor de lo expuesto, el Tribunal condenó al Estado a pagar a cada demandante 7.000 euros por concepto de indemnización de perjuicios.

Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.