TEDH condena a Chipre por falta de normativa para suplir escaños parlamentarios vacantes

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió la demanda deducida contra Chipre por no contar con un mecanismo legal para llenar un escaño parlamentario vacante antes del inicio del mandato legislativo. Constató una violación del artículo 3 del Protocolo Nº1 (derecho a elecciones libres) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Un ciudadano chipriota fue candidato suplente del Movimiento Solidaridad en las elecciones parlamentarias de 2016. Tras la renuncia de una eurodiputada elegida que decidió mantener su escaño en el Parlamento Europeo, surgió una controversia legal, ya que el marco jurídico chipriota no contemplaba la posibilidad de que un candidato electo renunciara antes de asumir el cargo.

Entre 2017 y 2020, el Tribunal Electoral anuló reiteradamente los intentos de las autoridades de nombrar al hombre como sustituto, alegando falta de base legal. A pesar de las reformas legislativas y constitucionales impulsadas para resolver el vacío normativo, el tribunal las consideró inconstitucionales o retroactivas, argumentando que vulneraban el principio de soberanía popular al sustituir una elección libre por una designación legislativa.

En su análisis de fondo, el Tribunal observa que, “(…) la forma en que se habían llevado a cabo las elecciones y la posterior distribución de los escaños parlamentarios por parte del Jefe del Servicio Electoral, responsable de los procedimientos electorales, nunca había sido impugnada ni invalidada. Además, un informe de la OSCE sobre las elecciones de 2016 había expresado plena confianza en el proceso y la administración electoral”.

Agrega que, “(…) el problema surgió más tarde, cuando la candidata que había sido elegida para el escaño obtenido por el Movimiento Solidaridad renunció a ocuparlo. Esto se debió a que no existía ningún mecanismo —ya fuera nombrar a un suplente o celebrar elecciones parciales— para llenar el escaño asignado al Movimiento Solidaridad en mayo de 2016, conforme a la legislación electoral vigente. Tanto el demandante como los votantes acabaron atrapados en un bloqueo legal”.

Comprueba que, “(…) de hecho, no existía ninguna disposición legislativa que regulara un escenario que podía haberse previsto por diversas razones, como la muerte del diputado designado antes del inicio del mandato parlamentario, y no solo el caso de que el diputado se negara a asumir su escaño. El resultado fue que un escaño parlamentario permaneció vacante durante un período considerable, y la cuestión de cómo llenar adecuadamente un escaño parlamentario no se resolvió durante casi todo un mandato”.

El Tribunal concluye que, “(…) la falta de las autoridades para resolver eficazmente esta laguna o proporcionar una alternativa legal, ya fuera mediante intervención legislativa o judicial, acabó frustrando la elección del pueblo expresada en mayo de 2016. El Tribunal consideró que había habido una injerencia en los derechos del demandante que no fue “conforme a la ley”, en violación del artículo 3 del Protocolo Nº 1 del Convenio”.

Al tenor de lo expuesto, el Tribunal condenó a Chipre a pagar al demandante 8.000 euros por concepto de daño moral.

Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.