TEDH avala actuación del Tribunal Supremo español en la prisión provisional de líderes independentistas

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió que el Tribunal Supremo de España actuó conforme a derecho al decretar la prisión provisional de Jordi Turull, Oriol Junqueras y Jordi Sànchez tras los hechos ocurridos en el referéndum del 1 de octubre de 2017.

La sentencia dictada por el Tribunal de Estrasburgo, determina que la decisión del magistrado que decretó la prisión provisional fue legítima y proporcionada, y que no supuso una vulneración de los derechos políticos de los líderes independentistas, a quienes se impidió participar en las elecciones autonómicas catalanas de diciembre de ese mismo año.

El fallo desestimó las demandas presentadas por los tres dirigentes catalanes contra el magistrado, concluyendo que la orden de ingreso en prisión estuvo “plenamente justificada” y contó con el respaldo del Tribunal Constitucional español. Los jueces europeos sostienen que las circunstancias del caso justificaban la medida cautelar, ya que no existía una alternativa menos gravosa que garantizara los fines del proceso penal.

Según la resolución, la actuación del Tribunal Supremo no implicó una restricción desproporcionada del derecho a la participación política ni vulneró las garantías procesales establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. De esta manera, el TEDH cierra una de las principales vías judiciales abiertas en Europa por los líderes del procés, reafirmando la legalidad de las actuaciones de la justicia española en relación con el intento de secesión de Cataluña en 2017.

En sus fundamentos de derecho, el tribunal europeo analiza las alegaciones de los demandantes sobre una supuesta vulneración del artículo 3 del Protocolo 1 del Convenio —relativo al derecho a elecciones libres— y concluye que las autoridades españolas ponderaron adecuadamente los distintos intereses en juego, por lo que la decisión no puede considerarse arbitraria.

Asimismo, el TEDH descarta que se haya producido violación alguna del artículo 18 del Convenio —que prohíbe el uso de restricciones de derechos con fines distintos a los previstos por la ley—. Subraya que la legalidad de la detención de los solicitantes fue “objeto de un exhaustivo examen” por parte del Tribunal Supremo, y aclara que el limitado alcance del análisis realizado por el Tribunal Constitucional en el recurso de amparo se debe a que este órgano solo evalúa si las decisiones judiciales fueron compatibles con los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

Los solicitantes habían argumentado que las decisiones adoptadas durante su prisión preventiva tenían como finalidad “silenciarles como representantes de una alternativa política e intimidarles” para que abandonaran sus actividades políticas. Sin embargo, el TEDH rechaza esa afirmación y sostiene que el objetivo de las autoridades españolas fue “prevenir actos contrarios al orden constitucional y democrático”, lo cual no puede considerarse un propósito político.

El tribunal añade que, en ausencia de pruebas concretas que respalden sus acusaciones, el contexto político interno al que aluden los demandantes no basta para demostrar que la prisión preventiva buscaba obstaculizar su participación en la vida política. Según la sentencia, los elementos aportados “no constituyen un conjunto suficientemente coherente” para concluir que la medida cautelar persiguió un fin distinto al previsto por la ley.

Con esta resolución, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respalda la actuación del magistrado y ratifica la validez jurídica de las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional españoles durante el proceso penal del procés, reforzando la posición de la justicia española ante las instancias internacionales.