RELE condena la represión en Venezuela y llama a la comunidad internacional a rechazar las violaciones a la libertad de expresión.

En el contexto poselectoral, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la represión contra la prensa y la persecución a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión en Venezuela. La RELE insta al Estado venezolano a cesar de inmediato las prácticas violatorias de derechos humanos y a liberar a las personas detenidas arbitrariamente. Además, reitera su llamado urgente a la comunidad internacional para condenar la violencia institucional, promover la protección de la prensa y reforzar el monitoreo de la situación en el país.

A cinco meses de las elecciones presidenciales de 2024, las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela continúan deteriorándose, en un contexto marcado por detenciones arbitrarias, restricciones al acceso a la información pública y actos de persecución, intimidación, amenazas y censura. Según declaraciones oficiales, desde el 28 de julio de 2024, más de 2,400 personas han sido detenidas en operativos tanto masivos como selectivos, muchos de los cuales están vinculados a las protestas sociales poselectorales o allanamientos bajo supuestas órdenes judiciales. Al menos 21 de estas detenciones corresponden a periodistas y trabajadores de medios de comunicación, acusados sin fundamento de delitos como terrorismo, incitación al odio, alteración del orden público, asociación ilícita y obstrucción de la vía pública. Según el monitoreo de esta Oficina, en las últimas semanas se ha registrado la excarcelación de algunas personas, incluidos periodistas, aunque los procesos penales en su contra seguirían en curso. Actualmente, al menos seis periodistas y trabajadores de la prensa permanecerían privados de libertad.

Los testimonios recabados por la Relatoría Especial evidencian un patrón de graves violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales, que incluyen la incomunicación de las personas detenidas con sus familiares y abogados, la prohibición de visitas, la denegación de defensa técnica, la falta de notificación adecuada de los cargos y su conexión con los delitos imputados, así como restricciones al acceso a los expedientes y a información crucial en los procesos judiciales.